El rol del Estado Municipal en las inversiones en pavimentación

El rol del Estado Municipal en las inversiones en pavimentación

Actualmente en la ciudad de Posadas se pueden observar porcentajes significativos de calles y pasajes sin pavimentar. Esto se traduce en diversos costos sociales que recaen, directa o indirectamente, sobre todos los habitantes de la ciudad, debido al polvo y al barro existente en ellos. Si bien esta situación no es nueva, en los últimos años ha ido adquiriendo más importancia debido al crecimiento del número de barrios adyacentes en las afueras de la ciudad.
A pesar de que se realizaron algunas acciones en la materia por parte de la municipalidad, aun queda mucho por hacer.
En primer lugar, a cualquier Estado puede caberle un rol en el desarrollo y financiamiento de proyectos de pavimentación tanto porque las calles son un "bien público", como porque su pavimentación genera beneficios que van más allá de los captados directamente por los vecinos colindantes a la (s) calle (s) que pavimenta (n).
¿Cuál es el rol del Estado Municipal en la pavimentación de las calles locales urbanas? Este artículo intenta explicarlo, dejando de lado cuestiones ideológicas y políticas. Las situaciones señaladas a continuación constituyen las razones que justifican la participación del Estado en las inversiones en pavimentación de calles.
1. Costo de transacción y bienes públicos:Cuando los vecinos de un sector residencial desean pavimentar alguna (s) calle (s), "siempre" tendrán dificultades para organizarse y llevar a cabo la idea, pues la calle es por su naturaleza, un bien público. Es así como resulta conveniente que la autoridad comunal (u otra institución que cumpla funciones relativas al desarrollo urbano) facilite su organización (proponiendo reuniones y acuerdos; asesorándolos en aspectos técnicos, legales y económicos, etc; contratando y recibiendo las obras) y obtenga "forzosamente" los aportes financieros de todos los beneficiarios, para así evitar el fenómeno del "free - rider", es decir aquel que quisiera no aportar al financiamiento del proyecto, pues él recibirá los beneficios si es que los otros lo financian. (Si todos piensan así, el proyecto no se ejecutará).
Al coordinar los esfuerzos de los privados mediante una institución, se pueden lograr menores costos de transacción, contribuyendo a la ejecución de proyectos que la comunidad estime convenientes.
2. "Necesidades básicas" en pavimentación: Las necesidades básicas son requerimientos por bienes y servicios indispensables para la conservación de la vida y el desarrollo personal. Estas necesidades se pueden clasificar en materiales (alimentación, vestuario, vivienda, educación, salud, empleo) y no materiales (afecto, recreación, seguridad, justicia y cultura, entre otras).
El enfoque de las necesidades básicas postula que las personas estarían dispuestas a contribuir para que la sociedad provea niveles mínimos de algunos bienes y servicios a los grupos más pobres que, de otro modo, no podrían acceder a ellos. Este es el fundamento del enfoque de las necesidades básicas aplicado en evaluación social de proyectos. Lo importante es que, de acuerdo a la percepción que tengan las autoridades sobre los estándares de vida mínimos aceptables, el Estado debe impulsar acciones que beneficien a los grupos más pobres y establecer los subsidios correspondientes. La acción del Estado tiene, en este caso, un efecto redistributivo que se considera conveniente para la sociedad.
Siendo que la vivienda es considerada una necesidad básica, el acceso de los individuos desde y hacia sus viviendas en condiciones adecuadas debiera ser considerado también como una necesidad básica. El mínimo indispensable es disponer de vías de acceso peatonal fácilmente transitables todo el año. Así, es razonable plantear que la pavimentación de aceras y pasos peatonales en las esquinas de las calles y pasajes es una necesidad básica que todos deben satisfacer, siendo este el máximo de pavimentación sugerido por este enfoque.
3. Externalidades en bienes públicos: La circulación de vehículos por una calle no pavimentada genera externalidades negativas no sólo a los residentes contiguos a ella, sino que también a otros vecinos del sector y a la ciudad toda. Luego, aunque la pavimentación de la calle pueda tener un costo mayor que el beneficio percibido por sus vecinos colindantes, ella puede ser socialmente rentable si se consideran dichas externalidades sobre los terceros: la disposición a pagar de los vecinos puede no ser suficiente para justificar una inversión socialmente rentable. Siendo que es difícil cobrar a los otros vecinos y a los otros automovilistas que transitan por el lugar (provocando tales costos), correspondería que el Estado cumpla con un rol subsidiario, participando en el financiamiento de esa pavimentación.
Para las calles "estructurantes", la mayor parte de los beneficios de pavimentarlas recae sobre terceros, por lo que el subsidio será "grande" y justificable, pues en su ausencia el proyecto no se ejecutaría. Éste no es generalmente el caso de las calles locales, donde la mayor parte de los beneficios es percibida por los vecinos colindantes. Pero si dichos vecinos creen tener la posibilidad de que la pavimentación de su calle sea "altamente" subsidiada, no expresarán adecuadamente su disposición a pagar todo su costo. Es por esta razón que, ante la presencia de externalidades y bienes públicos, es conveniente tratar de dimensionar claramente los aportes que correspondería efectuar al Estado y a todos los vecinos que se benefician mayoritariamente con ellos.

La institucionalidad establecida por el Estado para apoyar las iniciativas de las personas cobra importancia, pues ella afecta los costos de transacción involucrados en la inversión en bienes públicos.
A continuación se describe el proceso que siguen los países más desarrollados (por ejemplo España) en los proyectos de pavimentación en cuya gestión y financiamiento participa el Estado, a través de sus instituciones correspondientes:
1.Organización vecinal .A nivel comunal, la iniciativa de pavimentar una calle local surge de uno o más vecinos, quienes comienzan a organizarse conformando un Comité de Pavimentación (de una o más calles o pasajes), el cual no requiere personería jurídica, pero sí el respaldo de los vecinos. La Junta de Vecinos, que debe contar con personería jurídica, recoge las iniciativas de los Comités de Pavimentación, las coordina y prioriza, y posteriormente las representa ante la Unión Comunal de Juntas de Vecinos o directamente ante la Municipalidad.
La Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que también requiere personería Jurídica, realiza nuevas priorizaciones y hace las presentaciones en la Municipalidad.
2. Acción municipal .La Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación es la unidad municipal que se encarga de realizar el estudio técnico - económico del proyecto de pavimentación, el cual es requerido para obtener su financiamiento. Si no existe estudio de ingeniería, gestiona la autorización municipal para encargarlo o representa a los vecinos en la contratación del estudio, que será financiado con recursos de éstos. Asimismo, la Secretaría participa, junto al Alcalde o intendente, en la priorización de los proyectos de la comuna y en la determinación de la posible fuente de financiamiento. Cuando la fuente es externa, representa a la Municipalidad ante la respectiva institución para la postulación de los proyectos a esa fuente de financiamiento.
3. Decisión de financiamiento. De acuerdo a las prioridades establecidas a nivel local, la decisión de financiar determinados proyectos con recursos municipales es adoptada por el Alcalde.
El financiamiento externo, cuyos recursos por lo general no son traspasados al presupuesto municipal, proviene fundamentalmente de:
i) Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) y otros fondos regionales. Estos son administrados por las Intendencias Regionales. La priorización de los proyectos es llevada a cabo por el Consejo Regional de Desarrollo (COREDE) y el Intendente, correspondiendo a este último la decisión de financiamiento.
ii) Fondo Sectorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: La Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (SEREMI - MINVU) efectúa la priorización de los proyectos y toma ella la decisión de cuáles financiar con los fondos que le asigna el Ministerio para este propósito. El Ministerio recibe los recursos del presupuesto de la nación, parte de los cuales es específico para pavimentación y vialidad urbana.
Las municipalidades, las Intendencias y el MINVU consideran siempre como un factor de priorización los aportes de los vecinos. El aporte mínimo requerido para que sus proyectos puedan optar al financiamiento público es de aproximadamente 5 a 10% de la inversión. Los aportes usualmente son reunidos por los vecinos en cuentas (libretas) de ahorro abiertas para tal efecto, enterando los montos convenidos en determinados plazos, según el acuerdo existente entre ellos y la Municipalidad.
A manera de conclusión es necesario decir que los proyectos de pavimentación de calles locales urbanas son "bienes públicos" que tienen diversos efectos - costos y beneficios - para distintos agentes sociales.
Los roles que le cabría desempeñar al Estado son de tipo administrativo y subsidiario. El primero, en razón de los elevados costos de transacción que pueden enfrentar los privados para materializar sus iniciativas de inversión en pavimentación. El segundo, por la existencia de externalidades positivas asociadas a la pavimentación, las cuales no pueden ser internalizadas por los vecinos colindantes a la calle que se pavimenta.
Los beneficios de la pavimentación urbana pueden resumirse en:
i) Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas contiguas y cercanas a la(s) calle(s) que se pavimenta(n).
ii) Mejoramiento de la accesibilidad peatonal y vehicular en la red vial local.
iii) Mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad. Estos beneficios se producen por la reducción del polvo y el barro en la red vial relevante para los proyectos.
Los beneficiarios de los proyectos de pavimentación urbana son:
i) Los habitantes de viviendas colindantes a la(s) calle(s) que se pavimenta(n).
ii) Los vecinos de calles cercanas.
iii) Los peatones y automovilistas que transitan por - y se desvían desde calles no pavimentadas a - la(s) calle(s) que se pavimenta(n).
iv) Los automovilistas que circulan por calles congestionadas de la red vial relevante para los proyectos, debido a que otros se desvían hacia la(s) que se pavimenta(n).
v) Los habitantes del resto de la ciudad.
Las metodologías que pueden utilizarse para estimar los beneficios de la pavimentación son:
i) Precios hedónicos, que estiman indirectamente los beneficios a partir del precio implícito de la pavimentación en los precios de mercado de las propiedades.
ii) Evaluación contingente, que estima la máxima disposición a pagar de los potenciales beneficiarios de la pavimentación.
iii) Estimación directa (individual) de los beneficios para residentes colindantes y vecinos a las calles que se pavimentan.
iv) Metodología de "Vialidad Urbana", que estima los efectos de los proyectos sobre los costos generalizados de viaje de los vehículos que usan la red vial relevante.
v) Coeficientes E.P.A., que permite medir los efectos de los proyectos sobre los niveles de emisión de partículas de polvo en las calles (sin que aún se haya establecido una metodología para medir y valorar los daños ocasionados por ellas).

Ante una decisión de implantación de cualquier tipo de política es necesario realizar un estudio minucioso de la teoría económica, jurídica y administrativa involucrada, con el fin de maximizar los beneficios, y minimizar los costos que se generan.
No es una tarea difícil, pero se requiere un cambio en la cultura política de nuestros gobernantes y demás actores políticos profesionalizando, por ejemplo, algunas áreas técnicas del Estado. Allí está el desafío y la responsabilidad por parte de los ciudadanos en exponer los defectos y, participar activamente en el debate político.

Inflacion alta y un modelo rígido

Inflación alta y un modelo rígido Fuente: Artículo extraido del Diario Ambito Financiero escrito por el economista Carlos Melconian


La economía sigue creciendo, pero la inflación es cada vez mayor. ¿Por qué tanta rigidez por parte de las autoridades políticas? Es necesario un cambio urgente en la política económica actual antes de que se “descontrole” la no tan controlada inflación actual.
En 2006 la política macroeconómica cebó el consumo. La inversión "acompañó" y el PBI creció fuerte por cuarto año consecutivo. La inflación no pasó de 10% porque el Gobierno contuvo la estadística controlando los precios, penalizando la exportación de alimentos y manteniendo congeladas las tarifas públicas, la nafta y el transporte. Políticamente fue un logro, ya que a fines de 2005 la inflación estaba lanzada para 15% o más. Entonces salió barato, porque "10% por año no es nada" para cualquier argentino mayor de 35 años que vivió el infierno inflacionario durante 40 años. Pero hay que saber que 10% es hoy más de tres veces el promedio mundial. La realidad es que hay hoy un piso de inflación alto que es inherente a la política macroeconómica vigente. En este contexto, cualquier precio puntual que se escapa lleva a meses de 1% o más. Carne, prepagas, colegios, turismo, ropa, fruta, verdura, etcétera. Cada vez hay más focos nuevos o reincidentes. Los controles rastrillan mercado por mercado apagando los incendios, pero la raíz inflacionaria es macro, no micro. Los datos sobre inflación de dos dígitos en consumos habituales están a la vista con sólo mirar las estadísticas del Indec: alquilar cuesta hoy 15% más caro que hace un año; el colegio, 23%; cine, 18%; estacionar el auto, 20%; ropa, 15%; comer afuera, 20%; amoblar una casa, entre 15 y 20%; comprar un juguete, 12%. Son ejemplos que no siempre adquieren fuerza mediática pero son datos oficiales. Saltan al candelero cuando la magnitud de la suba los hace aparecer como "culpables" de que la inflación supere el 1%puntualmente ese mes. No obstante lo antedicho, está claro que la mayor preocupación oficial reside en la suba de los alimentos, que impacta fuerte en el poder adquisitivo de la población de ingresos bajos y medios bajos (que es la que gasta una mayor proporción de su ingreso en alimentos), ahonda la brecha entre ricos y pobres y se plancha la caída de la indigencia y la pobreza, aun creciendo al 9%. En síntesis, se complica el voluntarismo de "repartir mejor la torta". Es decir, aquí hay un problema con el precio de la comida, con el que el "modelo" lamentablemente va a convivir. El anhelo del Gobierno en materia de precios es doble: que la inflación "macro" no se instale en torno del 1% mensual, pero además que no suba la "micro" de los alimentos. La suba de las prepagas un 22% preocupa por el índice "macro", pero es interpretado como un problema de "los ricos que tienen prepaga". Inquieta mucho más que desde hace meses que la canasta de alimentos esté subiendo a razón del 2% mensual, aun con "éxito estadístico". Los controles sobre los alimentos intentan ser rigurosos y buscan ser cada vez más sofisticados, pero hay mercados atomizados difíciles de manejar. En un año hubo subas impactantes, todas muy por arriba del 9,8% de inflación que dio 2006. Siempre oficial y en promedio: verduras, 31%; frutas, 21% (en dos años ambas acumulan 50%). La prohibición de exportar "moderó" los precios de la carne pero gatilló los de los sustitutos: el pollo subió 12% y el pescado, 15%. El pan subió "sólo" 11% pero facturas y galletitas subieron 20%. Azúcar, café y fideos, 15%. Son aumentos que pegan de lleno en el bolsillo de la gente con ingresos más acotados y menos recompuestos desde la devaluación. ¿Por qué? Hay al menos cuatro razones que se mezclan entre sí. Una está ligada a la propia esencia del modelo de dólar alto: éste promueve la exportación de alimentos que se consumen en el mismo mercado interno y genera presión sobre precios y el salario real. Es un dilema histórico de la Argentina. Sólo se "salva" la soja, que se exporta y no se come localmente. Pero carne, frutas, pescado, lácteos y hortalizas se exportan. Entonces, muy parcial e imperfectamente se intenta parar la exportación con retenciones y cupos, y con precios máximos en el mercado interno. Las divisas, los dólares para acumular reservas (y evitar el temido "cuello de botella" externo histórico de la Argentina medieval), son apalancadas mayoritariamente por la soja y los combustibles. Está resultando muy difícil, aun con un dólar muy alto, evitar la "primarización" de la exportación, que tanto "duele" al modelo. Otra verdad en la suba de los alimentos es la recuperación de la masa salarial. Mayor empleo y mayores salarios generan más plata en el bolsillo, que se gasta. Esta parte, genuina, no está mal. Pero con el consumo en alza la política macroeconómica exacerbó el problema "pichicateando" innecesariamente el "deme dos" local, con costo en materia de inflación. Es "lindo" para el político juntador de votos, pero no es gratis. Una tercera explicación es la suba de precios en el exterior. En un año la tonelada de maíz pasó de 80 a 170 dólares; la de trigo, de 135 a 200, y la de carne subió 35%. Es muy buena noticia para la exportación pero choca con la política antiinflacionaria, que trata de amortiguar en parte las subas con mecanismos específicos, pero que, como muestra la realidad, no terminan siendo efectivos. Y la cuarta razón, en algunos casos, ha sido la falta de respuesta de la producción a esos niveles de demanda por un conjunto de factores. No es que no ha subido. En los casos de la soja, la leche o la faena de pollo, la oferta está respondiendo. No alcanza para evitar que suban los precios, pero le da más fluidez al mercado. En el caso del maíz, la cosecha sube pero la demanda sube más. En los casos del trigo, la carne y muchas frutas (manzana, naranja, limón) y hortalizas (cebolla, papa, acelga, morrón), la producción lo hace hasta donde le da o con volatilidad. No es una cuestión coyuntural de un año malo. Son sectores que todavía no retornaron a los niveles de producción previos a la devaluación (en algunos casos, todavía lejos) o están estancados en volúmenes similares pero con la exportación y el consumo empujando más fuerte. Por hache o por be (da para escribir otra nota), ésta es la realidad de lo que está ocurriendo en producción y lo muestran los números. ¿Entonces? La conclusión es que bajo el actual modelo económico resulta muy difícil (y va a continuar así) eludir el dilema de la suba de precios y los alimentos caros. Puede haber atajos, paliativos, con mecanismos de intervención donde el Estado y los consumidores se "apropian" de las rentas de los productores y las empresas. Pero en el tiempo, para solucionar este dilema histórico, es peor el remedio que la enfermedad. A la larga habrá que tomar la decisión política de si se va a transitar o no por un período de precios más altos y reglas menos discrecionales para que la oferta de alimentos dé un salto en serio y a futuro esto deje de ser un problema.

Por último cabe decir que no podemos tener un país que crezca a tasas chinas y que tenga inflación japonesa. Pero el logro de un “justo medio” como decía Aristóteles es posible lograrlo.