La suba de los alquileres

La suba de alquileres por Darío Ezequiel Díaz-estudiante de 5 año de Lic.en Economía-UNaM

Es de conocimiento general el incremento sostenido que están teniendo los alquileres, particularmente en los segmentos de negocios comerciales y de departamentos estudiantiles en la zona céntrica de la ciudad de Posadas.
Para comenzar a analizar este fenómeno en términos netamente económicos, hay que tomar varios puntos.
En primer lugar. La ley del libre juego de la oferta y la demanda es bien clara. Al aumentar la demanda y permanecer constante la oferta en un primer momento, el resultado final es un aumento en el precio de equilibrio y en la cantidad de equilibrio. El incremento de los precios genera un mayor incentivo para aumentar la disponibilidad de viviendas destinadas para el uso de alquileres. Con los incrementos de ambas (la demanda y la oferta), se alcanza el equilibrio mediante aumento en los precios y en la cantidad de equilibrio. El mercado se vacía y ya no existe más escasez.
En el mundo ideal esto se cumpliría. Pero en la realidad particular de este fenómeno hay que ser conciente que la oferta no aumentará puesto que:
1) La mayor parte de la demanda está circunscripta alrededor de un espacio saturado y de pocas dimensiones, por lo que la oferta tiene poca capacidad de acción.
2) La mayor parte de la escasa disponibilidad de terrenos, está siendo utilizada en la actualidad con el fin de construir comercios y viviendas de uso familiar destinadas a la venta, y no al alquiler.
3) Las viviendas potenciales en ingresar al mercado de alquileres actualmente no reúnen las condiciones más ideales para satisfacer la demanda de los consumidores en el sentido de correspondencia precio-calidad-satisfacción.
4) Los mercados inmobiliarios y de alquileres siempre se encuentran afectados por “burbujas” que son causadas por la especulación desenfrenada de los oferentes que muchas veces retiran la oferta del mercado con el fin de aumentar, en el mediano plazo, sus rentas y beneficios.
En segundo lugar. La falta de planificación estatal y privada. La escasa oferta y el incremento en la demanda son cuestiones que se pueden prevenir actuando con anterioridad y planificando acciones y actividades que faciliten el incremento de la oferta. Por parte del gobierno, en el sentido de facilitar la entrega de créditos destinados a la construcción de viviendas y de crear organismos responsables en la ejecución y control de las medidas que incentiven la oferta. Por parte del sector privado, en el saber leer las señales que brinda el mercado y actuar en consecuencia.
En tercer lugar. No es recomendable fijar precios máximos. La teoría económica y la experiencia señalan que si el gobierno establece precios máximos en el mercado de alquileres, esto genera un retroceso de la oferta y un deterioro de la calidad de las viviendas ofrecidas. Disminuye la inversión y los incentivos de producir nuevas viviendas como asimismo de mantener la infraestructura en condiciones adecuadas. El control de precios mediante la fijación de precios máximos disminuye el bienestar de todo el mercado, tanto para los locatarios como para los locadores.
Lamentablemente el incremento de los precios en el mercado de alquileres continuará aumentando año tras año. Existen dos leyes inquebrantables: La ley de Dios y la ley de la economía. Dios es misericordioso y perdona, la economía no. Si no hay, no hay.

Intervención estatal en el Sector Tealero-"Muchos intentos, pocos exitos"

Antecedentes de la intervención estatal en el sector tealero. Muchos Intentos sin éxito.

El antecedente más antiguo de intervención estatal en el sector tealero fue el Instituto Provincial de Industrialización y Comercialización Agropecuaria y Forestal (IPICA, 1974–1978), que tenía como objetivo promover el desarrollo agropecuario mediante la intervención del Estado en los aspectos relacionados con la comercialización de los productos. Además del Estado, en su directorio estaban representados –a través de sus organizaciones – los pequeños productores y los obreros rurales.
Luego de dicho período, hubo un cambio en la forma de apoyo al productor. Se pasó del apoyo directo brindado por el IPICA al apoyo más al elaborador-exportador mediante “reintegros” a la exportación cuando los precios internacionales eran muy bajos y/o se retrasaba demasiado el tipo de cambio.
Otro modo de asistencia a las empresas y cooperativas del sector fue el otorgamiento de créditos en condiciones preferenciales. A pesar de la ayuda y el apoyo a las industrias, igualmente no siempre se reflejó un mejoramiento del precio del “brote”.
Exceptuando las últimas campañas (1988-1989) y (1989-1990), desde la campaña 1984-1985, la producción de té en Misiones ha debido ser subsidiada en parte o en su totalidad debido a la caída de los precios internacionales del té operada a partir de 1984.
De igual modo, aún con precios internacionales retributivos durante los primeros meses de cosecha (octubre-noviembre) se verifican lamentablemente precios bajos de la materia prima.
Debido a la agudización de los problemas de la economía tealera, el Gobierno Provincial promulgó la Ley 2413 de 1986 en la cual creaba el CoProTé.
La Comisión provincial de té funcionaba con carácter permanente en la jurisdicción del Ministerio de Asuntos Agrarios y estaba integrada por el respectivo ministro, representantes de los productores, elaboradores, comercializadores, y del sector laboral del té y representantes de las distintas áreas del Poder Ejecutivo, que tenían alguna vinculación con la problemática tealera.
Entre las funciones más importantes del CoProTé se encontraban : 1) Asesorar al Ministerio de Asuntos Agrarios; 2) Colaborar con las autoridades de los poderes públicos en el estudio y análisis de política;3) Emitir opinión analítica y fundada; 4) Proponer realización de estudios e investigaciones tecnológicas; 5) Proponer dictados de normas; 6) Asesorar en la instrumentación de los planes de crédito para la producción; 7) Colaborar con los planes de desarrollo industrial, campañas promocionales y fomentación de apertura y promoción de nuevos mercados; 8) Concertar el precio de garantía.
La escasez y carencia de recursos obstaculizó la fiscalización de las actividades y por ende, el cumplimiento de lo que dicha ley establecía. En cuanto a la fijación del precio de garantía ha sido bastante conflictiva, pero permitió algún mejoramiento de los precios del productor. En febrero de 1989 se produce el desmadre del plan primavera descontrolándose las variables macroeconómicas y como consecuencia de esto, los productores pierden participación relativa en los ingresos del sector.
A partir de la puesta en marcha de la ley de convertibilidad, se producen una serie de cambios que modifican la estructura económica en general, e impactan fuertemente al sector agropecuario en particular. Entre otros factores, cabe mencionar La supresión de subsidios y medidas de regulación tales como la disolución de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y la Comisión Provincial del Té (CoProTe), la disminución de recursos a ser distribuidos entre los productores tabacaleros en concepto de sobreprecio, la liberación de siembra, cosecha, elaboración y comercialización de la caña de azúcar, yerba mate y otros productos. Estas medidas, implementadas en una estructura donde los principales cultivos de renta son comercializados en un mercado oligopsónico (prevalecen unos pocos acopiadores frente a miles de productores familiares), colocaron al agro en una situación desfavorecida en términos de precios relativos.
La ley provincial de 1992 desreguló la actividad tealera al derogar la ley 2413. Esta ley derogada fijaba el “precio de garantía” del brote del té al comienzo de la campaña. En esta etapa donde comienza a declinar la participación del valor de la materia en el precio del producto final (te negro).
Con el objetivo de vigilar la transparencia del mercado local en defensa de los productores y demás actores económicos, actualmente rige la Ley de transparencia de la producción originaria de Misiones. También se impulsó la conformación y el funcionamiento del olvidado COPROTE.
Uno de los objetivos de ésta ley es lograr la bancarización de los productos agrícolas originarios de Misiones ya que es una de las manera de proteger lo que el productor pueda percibir puesto que no se cumple con el precio pactado. Lo que se busca es un mercado concentrado y con información completa. Como es todavía muy reciente su aplicación, habrá que esperar un tiempo más su accionar para poder evaluar los resultados.

Darío Ezequiel Díaz-estudiante de 5 año de la Licenciatura en Economia-UNaM-primera promoción
mail: dariodiaz10@gmail.com
blog: htpp:// impactoeconómico.blogspot.com

El sector tealero-Principales características-Intervención estatal en los mercados agrícolas

La problemática en el sector tealero y la intervención estatal.

En los últimos meses el sector tealero comenzó a ser protagonista en la escena política y económica de la provincia debido a las protestas y cortes de rutas de productores que reclamaban, entre diversos puntos, un aumento en el precio de la hoja verde, motivo que originó reuniones del COPROTE con el fin de lograr un precio. Dicho precio fue establecido en $ 0.22 el 14 de setiembre y entró en vigencia el 1 de noviembre. En el momento de la discusión de precios, la industria tealera ofrecía 17 centavos por kilo y la producción pedía 30, sin embargo el Gobierno aconsejó un monto intermedio al establecer los 22 centavos finalmente ratificado.
Con esta columna de opinión intentaré analizar las características propias y particulares de este sector y las principales implicancias que generó y genera la intervención del gobierno en los mercados agrícolas y en el sector tealero en particular.

La actividad tealera representa aproximadamente el 28% de las exportaciones de Misiones, involucra cerca de 15000 productores, 100 establecimientos elaboradores y más de 75.000 personas.
Es un cultivo netamente orientado al mercado externo: más del 90 % de la producción se exporta a granel.
La superficie destinada al té supera las 30000 has, lo que representa aproximadamente el 19% del total de superficie cultivada, concentrándose la mayor parte en los departamentos de la zona centro de la provincia (Oberá, Cainguás y 25 de Mayo).
Su participación en el producto bruto del sector fue descendiendo hasta ubicarse, en 1998, por debajo de la yerba mate y el tabaco, con una participación del 8,3% en el VAB del sector agrícola (IPEC. 1999). Actualmente ronda el 9.8% del VAB.
Las fluctuaciones del mercado internacional son determinantes en el precio de este cultivo ya que la mayor parte de la producción es destinada a la exportación. A su vez, la calidad del té argentino es muy baja y consecuentemente son bajas las cotizaciones que alcanza en el mercado internacional, lo que repercute directamente en los precios pagados al productor.
Deficiencias y problemas estructurales en las plantaciones, agravadas por el estado de abandono de los últimos años como consecuencia de la caída de los precios, son las características más salientes de este cultivo desde el punto de vista tecnológico.
Las plantaciones de semilla (que son las predominantes en la Provincia) producen cosechas heterogéneas y bajos rendimientos, a lo que se le agrega un proceso de industrialización que también adolece de graves deficiencias.
La región tealera se ha caracterizado por haber sido acompañada en el desarrollo productivo, desde mediados de los años 50, por un sector industrial que llegó a contabilizar más de 150 secaderos.
El sector industrial está formado por los que adquieren la materia prima. En su gran mayoría, estas plantas son obsoletas y su proceso de elaboración no permite estándares de calidad exigidos para competir en los mercados internacionales.
La actividad industrial se ha desarrollado, desde una perspectiva familiar primeramente y posteriormente se ha consolidado a través de PyMES, permaneciendo quienes económicamente han podido sortear dificultades y han generado reinversiones, para ulteriormente consolidarse en la elaboración de volúmenes sustancialmente más significativos para ser comercializados, a modo de ejemplo debemos decir que para ingresar al mercado internacional en la venta de negro se requieren cantidades superiores al millón de kilogramos.
El crecimiento en la actividad se ha producido y consolidado a través de la única aplicación de la materia prima: la elaboración del té negro; lo cual sumado a la necesidad perentoria de comercializar su materia prima ha generado una dependencia prácticamente absoluta y directa del productor respecto a la industria. Esta dependencia con el paso del tiempo ha producido una destrucción sistemática no solamente de las expectativas de crecimiento del productor y de su familia, sino de sus propias posibilidades de supervivencia.
Volviendo a la descripción del económica del sector industrial, se puede decir que está altamente concentrado, configurando un mercado que relaciona una estructura industrial oligopsónica y un sector productivo altamente atomizado. Estas condiciones colocan en una situación claramente desventajosa a los agricultores, como se dijo anteriormente, y determinan un bajo poder de negociación para participar en la formación de precios, lo que incide directamente en su rentabilidad.
Así planteada, la situación impide las mejoras de las plantaciones, la introducción de labores culturales adecuadas, el uso de tecnología, etc., a lo que se suma la falta de fuentes de financiamiento accesibles, líneas de crédito para el sector y medidas de políticas económicas que no favorecen a esta actividad.
Los sectores industrial y exportador, también se desenvuelven en condiciones de inestabilidad al verse afectados por los vaivenes que sufre este producto en el mercado internacional, del cual dependen casi absolutamente.
Estos factores (corregibles con el desarrollo de una política adecuada para el sector) son los que determinan la mala calidad del té y consecuentemente los bajos precios internacionales. De las soluciones globales que se den a estos problemas, dependerá la mejora de rendimientos, calidad y precios con la consiguiente posibilidad de ampliar su mercado.


Aspectos teóricos de la intervención estatal en los mercados agrícolas. El caso del sector tealero.

Según la teoría económica actual los objetivos específicos de la intervención estatal son cuatro:
1) El deseo de mantener un cierto grado de autosuficiencia en los productos agrícolas, fundamentalmente de los alimentos, dado el riesgo de interrupción o restricción de los suministros externos, por ejemplo, en caso de guerra.
2) Ahorro de divisas al suministrar productos agrícolas para el consumo nacional, de fuentes nacionales y no mediante importaciones.
3) Estabilización de precios en niveles razonables para el consumidor y el productor, como medio de reducir las carencias y la incertidumbre, y de favorecer la inversión y el crecimiento del sector agrícola.
4) El deseo de mejorar la eficiencia y la productividad del sector agrícola como medios para elevar el nivel y la tasa de crecimiento de las rentas agrarias.
Las dos últimas razones se basan de alguna manera en la supuesta incidencia de los fallos del mercado, y constituyen las dos principales causas de intervención estatal en los mercados agrícolas de los países subdesarrollados.
Los gobiernos suelen justificar sus ayudas a la agricultura afirmando que este sector no sólo soporta más riesgos que otras empresas, sino que los mercados privados convencionales proporcionan mecanismos limitados para afrontar dichos riesgos.

No hay una política que sea superior o más efectiva que cualquier otra en todas las situaciones. La política correcta dependerá de cual sea el problema concreto, la naturaleza del objetivo a corto y largo plazo y otras restricciones económicas, sociales y políticas. Puesto que los objetivos son múltiples, el gobierno no suele aplicar un instrumento de política, sino una combinación de instrumentos para que los sectores agrícolas cumplan varios objetivos. Por lo general, la intervención pública considera de manera conjunta los intereses de los consumidores y los de los productos de bienes agrarios. (o por lo menos lo debería realizar teóricamente)
Las políticas de que disponen los gobiernos difieren en efectividad y en las implicaciones que tienen sobre la distribución de la renta y la asignación de recursos. Sobre esta última suelen ser implicaciones negativas, es decir, en dirección contraria a la que hubiera dictado un mercado libre. Esto suele justificarse como una conveniencia temporal dentro del espectro de objetivos en el que la “eficiencia” no está entre las primeras prioridades de la lista del gobierno. Los efectos sobre la distribución de la renta se deben a los costos directos e indirectos de la financiación de la política. Por regla general, las políticas que aumentan el precio del mercado del bien protegido afectan directamente(es decir son pagadas por) al consumidor de ese bien, mientras que las políticas que no elevan el precio de mercado del bien implican transferencias presupuestarias y son pagadas por los contribuyentes. Los dos grupos, consumidores y contribuyentes, no tienen por qué ser necesariamente idénticos. También pueden existir diferencias significativas en el costo de implantar y administrar las distintas políticas.
Se pueden distinguir dos grandes categorías de políticas: las políticas de estabilización de precios y las políticas de sostenimiento de rentas.
Políticas de estabilización de precios: éstas políticas intentan estabilizar los precios, normalmente a un nivel relativamente elevado, mediante la supresión de las fluctuaciones imprevistas de precios provocadas por una oferta inestable combinada con una demanda inelástica. Estas políticas suelen ser del tipo de controles de precios y cantidades. Su costo suele ser asumido por los consumidores.
Los controles de precios son políticas que se aplican directamente sobre los precios de mercado para cambiarlos o impedir que cambien debido a las fuerzas del mercado.
Incluyen:
1) Fijación de precios, que sólo se puede mantener si el gobierno suprime cualquier tendencia al desequilibrio del mercado mediante la compra de todo exceso de oferta para almacenarlo, y supliendo (con productos almacenados o con importaciones) todo el exceso de demanda. El almacenaje implica costos presupuestarios.
2) Aranceles y exacciones sobre las importaciones (caso en el que no incluiré en el análisis ya que no corresponde a la problemática de los mercados agrícolas en nuestra provincia)
Los controles de cantidad son políticas que cambian de manera directa la cantidad ofertada en el mercado como medio para cambiar los precios del mercado. Pueden tomar las siguientes variantes:
1) Almacenaje de excedentes para equilibrar la producción y el consumo, incurriendo en costos presupuestarios. Las cantidades almacenadas aumentan cuando la oferta supera a la demanda y se reducen cuando la oferta es inferior a la demanda, de manera que las fluctuaciones a corto plazo se minimizan. Esta política se aplica a los bienes con demanda inelástica y oferta variable, siempre que se puedan almacenar sin que se deterioren excesivamente y sin incurrir en costos prohibitivos.
2) Contingentes a las importaciones
3) Controles de oferta; como la destrucción de una parte de la producción disponible para reducir la cantidad ofertada en el mercado, suprimiendo así la presión a la baja sobre los precios.
4) Controles de producción, como las cuotas por hectárea cultivada, la concesión de licencias, la imposición de barbecho forzoso, para reducir la oferta del producto en la etapa de producción, aumentando así el precio del bien.
5) Subsidios a la exportación, que se pueden incluir aquí como una medida indirecta para controlar la cantidad residual de la producción que queda disponible para ofertar en el mercado nacional, de forma que aumenta su precio. Esta política afecta tanto al contribuyente, que asume la carga de financiar el subsidio, como al consumidor nacional, que paga un precio mayor.
Políticas de sostenimiento de rentas:
Estas políticas implican costos presupuestarios y pueden dividirse en directas e indirectas. Las políticas de sostenimiento de rentas indirectas aumentan el precio que los productores obtienen por su producción como medio para aumentar sus ingresos y su renta, sin influir sobre el precio del mercado nacional. Pueden adoptar las siguientes formas:
1) Subsidios a la producción, que son pagos fijos por unidad o por precio unitario de los imput o de los productos finales, que reducen el costo marginal de la producción y aumentan la renta de los productores.
2) Pagos diferenciales, efectuados por el estado, que compensan la diferencia entre el precio garantizado y el precio medio recibido por los productores de la venta de sus productos en un mercado no protegido.
Las políticas de sostenimiento de rentas directas son paquetes de transferencia, relacionadas con, o independientemente del volumen, precio, ingresos o rentas de las actividades agrícola. Por supuesto, esta política es la más efectiva para alcanzar un nivel objetivo de renta de la población agraria. Sin embargo, ésta es una política social que puede implicar altos costos administrativos, aunque no afecta a los precios nacionales de los bienes agrícolas.
Además de estas políticas de corto y mediano plazo, el gobierno puede aplicar políticas a largo plazo para cambiar la estructura y productividad del sector agrícola, por ejemplo con inversión en infraestructura física o mediante actividades de investigación y desarrollo. Si el gasto en estas actividades desvía recursos de las industrias competitivas, los efectos serán duraderos y perniciosos.
Por lo general, las políticas de tipo de cambio en apoyo a los mercados agrícolas también tienen efectos perniciosos a largo plazo sobre la economía nacional.

Resumiendo, los hechos y factores que hay que tomar en cuenta para la implementación de alguna política económica eficaz y prolongada en el tiempo son:
1) La no existencia de mecanismos e instrumentos de articulación entre los diferentes agentes económicos que intervienen en la economía tealera (gobierno, productores, elaboradores, y exportadores) para lograr una política consensuada a nivel de los integrantes de la cadena alimentaria e igualitaria y respetable de los intereses sectoriales, para la promoción institucional del producto y apertura de nuevos mercados.

2) La no existencia de un sistema de estandarización para el mercado interno que permita un pago diferencial por la calidad de la materia prima.

3) La falta de información confiable, oportuna y relevante sobre superficie plantada, abandonada, cosechada, rendimientos, estimación de zafra, de costos de materias primas y de elaboración, de precios locales e internacionales, de existencias y consumo. Es muy importante la tarea del gobierno en este factor puesto que para la implementación de cualquier medida es de vital sustento los datos objetivos de las principales variables económicas.

3) Los altos costos de logística por ser un producto de baja relación valor/volumen. La actividad de distribución es muy onerosa.

4) La falta de exploración de nuevos mercados potenciales internos por parte de los empresarios a pesar de tener una raigambre en la población de la región productora. Hace falta una política de marketing y mercadotecnia muy bien instrumentada y ordenada en la búsqueda de la conquista de estos mercados inexplorados.

5) Hay una baja movilidad económica-social en esta actividad, por lo que, además de no existir créditos blandos y flexibles, hace difícil la reconversión productiva.

6) Existe una baja predisposición entre los productores a la reconversión con variedades clonales de alto rendimiento y calidad.

7) El sector industrial está altamente concentrado, configurando un mercado que relaciona una estructura industrial oligopsónica y un sector productivo altamente atomizado. Estas condiciones colocan en una situación claramente desventajosa a los agricultores y determinan un bajo poder de negociación para participar en la formación de precios, lo que incide directamente en su rentabilidad.

8) Las plantaciones de semilla (que son las predominantes en la Provincia) producen cosechas heterogéneas y bajos rendimientos, a lo que se le agrega un proceso de industrialización que también adolece de graves deficiencias.

9) El crecimiento permanente de la demanda internacional por té de alta y regular calidad. Para el futuro cercano se prevé un incremento de la demanda aún mayor.

10) Los bajos precios y el grado de concentración de las principales empresas tealeras conforman las principales cuestiones a solucionar. Todas las intervenciones del estado en este mercado durante las décadas pasadas han fracasado en el cumplimiento del fin.

11) La baja cotización y prestigio internacional del producto.

Cabe decir que, si la economía funciona de manera eficiente y el gobierno interviene en el sector agrícola, el resultado estará distorsionado y tendrá efectos sobre la redistribución de la renta y la mala asignación de los factores, con implicaciones negativas sobre el bienestar nacional.
Pero, el problema es diferente si, para empezar, la economía no funciona de manera eficiente y el objetivo de la política pública es la eliminación de las distorsiones existentes que afectan al sector agrícola. Si éste es el caso, la cuestión no consiste en saber si la intervención pública es necesaria, sino cuál es la política concreta que promueva de mejor manera la optimalidad


Darío Ezequiel Díaz-estudiante de 5 año de la Licenciatura en Economía-UNaM
mail: dariodiaz10@gmail.com
blog: htpp://impactoeconómico.blogspot.com

La politica de rentas: el control de precios

La Política de rentas. Principales conceptos. El control de precios.
por Darío Ezequiel Díaz

Con el objeto de combatir la inflación y continuar con la política económica iniciada con el ministro de economía Roberto Lavagna, caracterizada por un tipo de cambio alto y sumamente devaluado (si no fuera por la intervención del Banco Central en el mercado cambiario actualmente, el dólar estaría alrededor de los $2.30 ); superávits gemelos (en las cuentas públicas y en la balanza comercial) y la persistente acumulación de reservas por parte del Banco Central; el gobierno nacional comenzó con una política de control de precios destinadas a las principales empresas que conforman los principales rubros que afectan el IPC. A pesar de haber logrado una inflación minorista del 9.8% en el año 2006, los pronósticos para el 2007 no son muy positivos respecto al mantener a un dígito dicho índice.
Es por ese motivo que en este artículo se analizará, de acuerdo a la teoría económica, en qué consiste la política de rentas, particularmente el control de precios, y su eficacia en la lucha contra la inflación. Cabe destacar que muchos economistas tratan el tema desde el punto de vista específico del control de precios. En este artículo intentaré explicar que en realidad, la herramienta que el gobierno utiliza para intentar controlar la inflación es la llamada política de rentas (que incluye al control de precios)
La política de rentas constituye aún sin duda, un instrumento de suficiente importancia y significación de entre los que hoy puede disponerse en el campo concreto de la política económica coyuntural.
En torno a este instrumento gira una interminable polémica que trata de dilucidar sobre su conveniencia y operatividad, resultando realmente difícil ser concluyente en cualquiera de las direcciones apuntadas.
Hay tres puntos que forman el eje de la discusión:
a) La postura que se adopte respecto al mayor o menor grado de intervencionismo en la economía o, lo que es lo mismo, sobre la tan debatida cuestión de “reglas o automatismo” versus “discrecionalidad”.
b) La importancia de los resultados que puedan conseguirse con una política de rentas, es decir, su efectividad real.
c) El grado de insuficiencia de los restantes instrumentos de la política económica coyuntural (si nos atenemos a una concepción de la política de rentas como instrumento de estabilización) o de todos los instrumentos de la política económica, si interpretamos la política de rentas en su sentido más amplio; más concretamente, el grado o la medida en que la política monetaria y la política fiscal pueden ser suficientes para combatir los desequilibrios económicos.
En un intento de definir lo que se entiende por política de rentas, se puede decir que es el propósito o perspectivas de las autoridades respecto al tipo de evolución de las rentas que sería consistente con sus objetivos económicos y, en particular, con la estabilidad de los precios. El objetivo más claro de la política de rentas es el logro de la estabilidad de precios ,es decir, deprimir las expectativas inflacionarias y reducir la reacción de los ritmos de aumento de los salarios nominales y de los precios ante las tensiones alcistas de las variables que la determinan, siendo la responsabilidad de las autoridades en este ámbito fijar los objetivos cuantitativos a alcanzar, establecer las normas o limitaciones que se aplicarán en los aumentos salariales dentro del sector público y las que sería deseable que se siguiesen en el sector privado, y promover acuerdos que fijen las tasas máximas de aumentos de los precios, de los salarios, y de otras rentas y el control de su cumplimiento.
Tradicionalmente, en efecto, la política de rentas tiene por objetivo evitar que la fijación de los salarios sea una fuente de inflación y no comprometa en cascada los objetivos de la política económica, al tiempo que se ocupa también de la distribución de la renta entre beneficios y salarios, tratando de relacionar de forma coherente la distribución personal y la funcional de la renta. En algunas ocasiones aunque la política de rentas no se plantee como objetivo conseguir una mejora en la distribución de la renta o evitar un empeoramiento en la existente, no cabe duda de que esta difícilmente va a dejar de verse afectada por ella, en la medida en que las disposiciones sobre la evolución de los salarios, las demás rentas y los precios que supone su aplicación van a incidir sobre la tasa de inflación en el país y van a hacerlo también, en mayor o menor medida, sobre los distintos tipos de rentas percibidas por las diversas categorías de agentes económicos(salarios, dividendos,alquileres,intereses, etc.) que puedan ver, por consiguiente, alterada su participación relativa en el total de la renta nacional.
Existen distintos tipos de políticas de rentas: la política de rentas “voluntarias”(el Gobierno busca una cooperación entre sindicatos y empresarios para limitar los aumentos de los salarios y de los precios) ; la políticas de rentas “impuesta”(El gobierno hace uso de las leyes o normas administrativas con el fin de establecer reglas de obligado cumplimiento que se refieren a las variaciones de precios y salarios) y el “contrato social”(supone un acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno por el que los primeros aceptan moderar sus reivindicaciones salariales con arreglos a determinadas pautas y directrices, mientras que el Gobierno como contrapartida promete determinadas mejoras de política social e industrial, tales como pensiones más altas, un sistema fiscal más progresivo, sensibles avances en el equipamiento e infraestructuras sociales, etc.).
Respecto a la duración de las políticas de rentas, no hay reglas establecidas sobre este punto pero puede afirmarse en general que la duración está en relación inversa a la intensidad y el rigor del tipo de política de rentas establecido.
Antes de hablar de la eficacia de la política de rentas mencionaremos las ventajas y las desventajas del control de precios específicamente. Las posibles ventajas son: 1) Sirve como contrapartida lógica para convencer a los sindicatos de que acepten moderar sus peticiones de incremento salarial; 2) Evita o limita los aumentos de precios no justificados, como en el caso de los monopolios; 3) Dificulta las estrategias de las empresas que aumentan excesivamente salarios, proyectando ese incremento de sus costes laborales a los precios de sus productos; 4) Alivia las expectativas inflacionarias; 5) Es una herramienta que en el muy corto plazo suele dar resultados.

Las desventajas o problemas de los controles de precios son las siguientes: 1) Es una herramienta de la política de rentas que ataca solamente las consecuencias de la inflación y no las causas de la misma.
2) Es muy fácil y poco costoso entrar en dichos controles, pero de muy difícil y onerosa salida.
3) Son efectivos solamente en el corto plazo; no así ni el mediano y largo plazo. Deben ser temporales y mientras dichos controles son llevados a cabo, se deben tomar las políticas económicas tradicionales necesarias para la estabilización de los precios, como ser: el aliento a la inversión privada mediante el otorgamiento de subsidios o condiciones crediticias favorables; política monetaria restrictiva y no aumento del gasto público; y las transformaciones necesarias en las políticas comerciales y cambiarias.
4) Distorsionan los precios relativos de los bienes y servicios del mercado, generando asignaciones ineficientes y costos sociales innecesarios. El precio deja de actuar como señal de la escasez o la abundancia de los bienes y servicios.
5) Se hace difícil la vigilancia y el control de los precios por parte del Gobierno.
6) Desalienta la inversión en las empresas privadas y aumenta la posibilidad de la aparición de la llamada “inflación encubierta”, es decir, disminución de la calidad de los productos y servicios.

¿Es eficaz la política de rentas? Lo más difícil de la política de rentas es el pronunciamiento sobre su eficacia y operatividad. Para que una política de rentas sea eficaz, la doctrina económica más antigua establece que se deben cumplir las siguientes condiciones:
a) Debe existir un clima de expansión económica
b) El gobierno debe confiar plenamente en la política y creer en su eficacia.
c) El gobierno no debe permitir que los precios avancen más rápidamente que las rentas, cayendo de este modo los niveles de vida, lo que destruiría las actividades de cooperación.
d) La política de rentas ha de resultar equitativa para todos los sectores de la comunidad y no ha de apartarse demasiado radicalmente de las políticas de salarios normalmente existentes en el país.
Desde una perspectiva más actualizada podemos señalar que con el fin de asegurar un cierto éxito para la política de rentas, se deberían observar los siguientes principios:
1) Su aplicación debe incluir una amplia gama de rentas. El gobierno no cumple con este requisito puesto que vigila de cerca solamente aquellos rubros que inciden con mayor peso en el índice publicado por el INDEC.
2) Aunque suele estar basada en decisiones políticas, la política de rentas debe implicar una colaboración amplia entre las autoridades y las organizaciones que tienen que compartir la responsabilidad de su aplicación. En este punto considero que el gobierno está dando sus primeros pasos en una instrumentación más eficaz y operativa.
3) Los objetivos perseguidos con ella deben ser realistas.
4) Aunque el objetivo fundamental de la política de rentas es el control de los precios, también debe preocuparse de la distribución de la renta. En este ítem, creo que el gobierno sí se interesa por la distribución de los ingresos, ya que con su accionar hace que los bienes y servicios que conforman la canasta familiar de las clases más bajas sean relativamente menos costosos en comparación con los de las clases media y alta.
5) El resto de la política económica y la política de control de la demanda, especialmente, han de perseguir los mismos objetivos. Es aquí donde el gobierno comete un serio error, ya que sigue estimulando la demanda vía incrementos en el gasto público.
Para analizar a posteriori la eficacia de la política de rentas habría que comparar los resultados efectivamente obtenidos con lo que habría sucedido en ausencia de la misma, lo cual presenta no pocas dificultades. Analizando las expectativas inflacionarias que existían durante los últimos meses de la gestión de Lavagna a cargo de la cartera económica, cabe decir que actualmente, dicha tendencia se debilitó.
Para concluir cabe decir que en toda política antiinflacionaria es preciso considerar todos los restantes factores y variables que inciden en el proceso inflacionista. La inflación importada a través del aumento de los precios de las materias primas, la protección excesiva mediante el mecanismo de aranceles elevados o de precios umbrales y de garantía, las fuerzas de mercado de tipo monopolístico, el encarecimiento del factor capital debido a la insuficiencia y a las tensiones del mercado financiero, los aumentos de los precios provocados por las rigideces de las estructuras comerciales y cambiarias, el impacto inflacionista o la incapacidad estabilizadora de un sistema fiscal regresivo; las políticas monetarias expansionistas; los aumentos desmedidos del gasto público; los aumentos de costos empujados por los aumentos salariales por encima de la productividad; el tipo de cambio devaluado que no mejora a largo plazo la balanza de pagos ya que por el propio arbitraje internacional de precios, hace que el incremento provocado por la medida devaluatoria en los precios en moneda nacional de los productos importados sea compensado por un aumento de igual cuantía de los precios internos; todos y cada uno de ellos constituyen con frecuencia, elementos esenciales y determinantes del proceso inflacionista.
Por ello resulta extremadamente arriesgado pretender valorar los resultados de la política de rentas ignorando el peso específico de estos componentes de la inflación, y por ello, resultaría absurdo tratar de luchar contra ella en solitario y sin ayuda de los demás instrumentos de la política económica a nuestro alcance.
El empleo de la política de rentas, junto con la monetaria y la fiscal, coadyuva al repartir las responsabilidades a hacer menos difícil y complejo el problema de alcanzar simultáneamente los diferentes objetivos de la política económica coyuntural.
El presidente Kirchner anunció que en el 2007 se acababan los controles de precios, para dar paso al libre mercado. Es así entonces que habrá que esperar qué nos depara este año y cómo los agentes económicos (como lo dice el economista De Pablo en su libro: “La economía argentina en la segunda mitad del siglo XX”) toman sus decisiones económicas de acuerdo a su cabeza, su corazón, el estómago, y el resto de los componentes del ser humano.


Darío Ezequiel Díaz
Estudiante de 5º año de Licenciatura en Economía-Universidad Nacional de Misiones
Correo electrónico: dariodiaz10@gmail.com