La Política de rentas. Principales conceptos. El control de precios.
por Darío Ezequiel Díaz
Con el objeto de combatir la inflación y continuar con la política económica iniciada con el ministro de economía Roberto Lavagna, caracterizada por un tipo de cambio alto y sumamente devaluado (si no fuera por la intervención del Banco Central en el mercado cambiario actualmente, el dólar estaría alrededor de los $2.30 ); superávits gemelos (en las cuentas públicas y en la balanza comercial) y la persistente acumulación de reservas por parte del Banco Central; el gobierno nacional comenzó con una política de control de precios destinadas a las principales empresas que conforman los principales rubros que afectan el IPC. A pesar de haber logrado una inflación minorista del 9.8% en el año 2006, los pronósticos para el 2007 no son muy positivos respecto al mantener a un dígito dicho índice.
Es por ese motivo que en este artículo se analizará, de acuerdo a la teoría económica, en qué consiste la política de rentas, particularmente el control de precios, y su eficacia en la lucha contra la inflación. Cabe destacar que muchos economistas tratan el tema desde el punto de vista específico del control de precios. En este artículo intentaré explicar que en realidad, la herramienta que el gobierno utiliza para intentar controlar la inflación es la llamada política de rentas (que incluye al control de precios)
La política de rentas constituye aún sin duda, un instrumento de suficiente importancia y significación de entre los que hoy puede disponerse en el campo concreto de la política económica coyuntural.
En torno a este instrumento gira una interminable polémica que trata de dilucidar sobre su conveniencia y operatividad, resultando realmente difícil ser concluyente en cualquiera de las direcciones apuntadas.
Hay tres puntos que forman el eje de la discusión:
a) La postura que se adopte respecto al mayor o menor grado de intervencionismo en la economía o, lo que es lo mismo, sobre la tan debatida cuestión de “reglas o automatismo” versus “discrecionalidad”.
b) La importancia de los resultados que puedan conseguirse con una política de rentas, es decir, su efectividad real.
c) El grado de insuficiencia de los restantes instrumentos de la política económica coyuntural (si nos atenemos a una concepción de la política de rentas como instrumento de estabilización) o de todos los instrumentos de la política económica, si interpretamos la política de rentas en su sentido más amplio; más concretamente, el grado o la medida en que la política monetaria y la política fiscal pueden ser suficientes para combatir los desequilibrios económicos.
En un intento de definir lo que se entiende por política de rentas, se puede decir que es el propósito o perspectivas de las autoridades respecto al tipo de evolución de las rentas que sería consistente con sus objetivos económicos y, en particular, con la estabilidad de los precios. El objetivo más claro de la política de rentas es el logro de la estabilidad de precios ,es decir, deprimir las expectativas inflacionarias y reducir la reacción de los ritmos de aumento de los salarios nominales y de los precios ante las tensiones alcistas de las variables que la determinan, siendo la responsabilidad de las autoridades en este ámbito fijar los objetivos cuantitativos a alcanzar, establecer las normas o limitaciones que se aplicarán en los aumentos salariales dentro del sector público y las que sería deseable que se siguiesen en el sector privado, y promover acuerdos que fijen las tasas máximas de aumentos de los precios, de los salarios, y de otras rentas y el control de su cumplimiento.
Tradicionalmente, en efecto, la política de rentas tiene por objetivo evitar que la fijación de los salarios sea una fuente de inflación y no comprometa en cascada los objetivos de la política económica, al tiempo que se ocupa también de la distribución de la renta entre beneficios y salarios, tratando de relacionar de forma coherente la distribución personal y la funcional de la renta. En algunas ocasiones aunque la política de rentas no se plantee como objetivo conseguir una mejora en la distribución de la renta o evitar un empeoramiento en la existente, no cabe duda de que esta difícilmente va a dejar de verse afectada por ella, en la medida en que las disposiciones sobre la evolución de los salarios, las demás rentas y los precios que supone su aplicación van a incidir sobre la tasa de inflación en el país y van a hacerlo también, en mayor o menor medida, sobre los distintos tipos de rentas percibidas por las diversas categorías de agentes económicos(salarios, dividendos,alquileres,intereses, etc.) que puedan ver, por consiguiente, alterada su participación relativa en el total de la renta nacional.
Existen distintos tipos de políticas de rentas: la política de rentas “voluntarias”(el Gobierno busca una cooperación entre sindicatos y empresarios para limitar los aumentos de los salarios y de los precios) ; la políticas de rentas “impuesta”(El gobierno hace uso de las leyes o normas administrativas con el fin de establecer reglas de obligado cumplimiento que se refieren a las variaciones de precios y salarios) y el “contrato social”(supone un acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno por el que los primeros aceptan moderar sus reivindicaciones salariales con arreglos a determinadas pautas y directrices, mientras que el Gobierno como contrapartida promete determinadas mejoras de política social e industrial, tales como pensiones más altas, un sistema fiscal más progresivo, sensibles avances en el equipamiento e infraestructuras sociales, etc.).
Respecto a la duración de las políticas de rentas, no hay reglas establecidas sobre este punto pero puede afirmarse en general que la duración está en relación inversa a la intensidad y el rigor del tipo de política de rentas establecido.
Antes de hablar de la eficacia de la política de rentas mencionaremos las ventajas y las desventajas del control de precios específicamente. Las posibles ventajas son: 1) Sirve como contrapartida lógica para convencer a los sindicatos de que acepten moderar sus peticiones de incremento salarial; 2) Evita o limita los aumentos de precios no justificados, como en el caso de los monopolios; 3) Dificulta las estrategias de las empresas que aumentan excesivamente salarios, proyectando ese incremento de sus costes laborales a los precios de sus productos; 4) Alivia las expectativas inflacionarias; 5) Es una herramienta que en el muy corto plazo suele dar resultados.
Las desventajas o problemas de los controles de precios son las siguientes: 1) Es una herramienta de la política de rentas que ataca solamente las consecuencias de la inflación y no las causas de la misma.
2) Es muy fácil y poco costoso entrar en dichos controles, pero de muy difícil y onerosa salida.
3) Son efectivos solamente en el corto plazo; no así ni el mediano y largo plazo. Deben ser temporales y mientras dichos controles son llevados a cabo, se deben tomar las políticas económicas tradicionales necesarias para la estabilización de los precios, como ser: el aliento a la inversión privada mediante el otorgamiento de subsidios o condiciones crediticias favorables; política monetaria restrictiva y no aumento del gasto público; y las transformaciones necesarias en las políticas comerciales y cambiarias.
4) Distorsionan los precios relativos de los bienes y servicios del mercado, generando asignaciones ineficientes y costos sociales innecesarios. El precio deja de actuar como señal de la escasez o la abundancia de los bienes y servicios.
5) Se hace difícil la vigilancia y el control de los precios por parte del Gobierno.
6) Desalienta la inversión en las empresas privadas y aumenta la posibilidad de la aparición de la llamada “inflación encubierta”, es decir, disminución de la calidad de los productos y servicios.
¿Es eficaz la política de rentas? Lo más difícil de la política de rentas es el pronunciamiento sobre su eficacia y operatividad. Para que una política de rentas sea eficaz, la doctrina económica más antigua establece que se deben cumplir las siguientes condiciones:
a) Debe existir un clima de expansión económica
b) El gobierno debe confiar plenamente en la política y creer en su eficacia.
c) El gobierno no debe permitir que los precios avancen más rápidamente que las rentas, cayendo de este modo los niveles de vida, lo que destruiría las actividades de cooperación.
d) La política de rentas ha de resultar equitativa para todos los sectores de la comunidad y no ha de apartarse demasiado radicalmente de las políticas de salarios normalmente existentes en el país.
Desde una perspectiva más actualizada podemos señalar que con el fin de asegurar un cierto éxito para la política de rentas, se deberían observar los siguientes principios:
1) Su aplicación debe incluir una amplia gama de rentas. El gobierno no cumple con este requisito puesto que vigila de cerca solamente aquellos rubros que inciden con mayor peso en el índice publicado por el INDEC.
2) Aunque suele estar basada en decisiones políticas, la política de rentas debe implicar una colaboración amplia entre las autoridades y las organizaciones que tienen que compartir la responsabilidad de su aplicación. En este punto considero que el gobierno está dando sus primeros pasos en una instrumentación más eficaz y operativa.
3) Los objetivos perseguidos con ella deben ser realistas.
4) Aunque el objetivo fundamental de la política de rentas es el control de los precios, también debe preocuparse de la distribución de la renta. En este ítem, creo que el gobierno sí se interesa por la distribución de los ingresos, ya que con su accionar hace que los bienes y servicios que conforman la canasta familiar de las clases más bajas sean relativamente menos costosos en comparación con los de las clases media y alta.
5) El resto de la política económica y la política de control de la demanda, especialmente, han de perseguir los mismos objetivos. Es aquí donde el gobierno comete un serio error, ya que sigue estimulando la demanda vía incrementos en el gasto público.
Para analizar a posteriori la eficacia de la política de rentas habría que comparar los resultados efectivamente obtenidos con lo que habría sucedido en ausencia de la misma, lo cual presenta no pocas dificultades. Analizando las expectativas inflacionarias que existían durante los últimos meses de la gestión de Lavagna a cargo de la cartera económica, cabe decir que actualmente, dicha tendencia se debilitó.
Para concluir cabe decir que en toda política antiinflacionaria es preciso considerar todos los restantes factores y variables que inciden en el proceso inflacionista. La inflación importada a través del aumento de los precios de las materias primas, la protección excesiva mediante el mecanismo de aranceles elevados o de precios umbrales y de garantía, las fuerzas de mercado de tipo monopolístico, el encarecimiento del factor capital debido a la insuficiencia y a las tensiones del mercado financiero, los aumentos de los precios provocados por las rigideces de las estructuras comerciales y cambiarias, el impacto inflacionista o la incapacidad estabilizadora de un sistema fiscal regresivo; las políticas monetarias expansionistas; los aumentos desmedidos del gasto público; los aumentos de costos empujados por los aumentos salariales por encima de la productividad; el tipo de cambio devaluado que no mejora a largo plazo la balanza de pagos ya que por el propio arbitraje internacional de precios, hace que el incremento provocado por la medida devaluatoria en los precios en moneda nacional de los productos importados sea compensado por un aumento de igual cuantía de los precios internos; todos y cada uno de ellos constituyen con frecuencia, elementos esenciales y determinantes del proceso inflacionista.
Por ello resulta extremadamente arriesgado pretender valorar los resultados de la política de rentas ignorando el peso específico de estos componentes de la inflación, y por ello, resultaría absurdo tratar de luchar contra ella en solitario y sin ayuda de los demás instrumentos de la política económica a nuestro alcance.
El empleo de la política de rentas, junto con la monetaria y la fiscal, coadyuva al repartir las responsabilidades a hacer menos difícil y complejo el problema de alcanzar simultáneamente los diferentes objetivos de la política económica coyuntural.
El presidente Kirchner anunció que en el 2007 se acababan los controles de precios, para dar paso al libre mercado. Es así entonces que habrá que esperar qué nos depara este año y cómo los agentes económicos (como lo dice el economista De Pablo en su libro: “La economía argentina en la segunda mitad del siglo XX”) toman sus decisiones económicas de acuerdo a su cabeza, su corazón, el estómago, y el resto de los componentes del ser humano.
Darío Ezequiel Díaz
Estudiante de 5º año de Licenciatura en Economía-Universidad Nacional de Misiones
Correo electrónico: dariodiaz10@gmail.com
por Darío Ezequiel Díaz
Con el objeto de combatir la inflación y continuar con la política económica iniciada con el ministro de economía Roberto Lavagna, caracterizada por un tipo de cambio alto y sumamente devaluado (si no fuera por la intervención del Banco Central en el mercado cambiario actualmente, el dólar estaría alrededor de los $2.30 ); superávits gemelos (en las cuentas públicas y en la balanza comercial) y la persistente acumulación de reservas por parte del Banco Central; el gobierno nacional comenzó con una política de control de precios destinadas a las principales empresas que conforman los principales rubros que afectan el IPC. A pesar de haber logrado una inflación minorista del 9.8% en el año 2006, los pronósticos para el 2007 no son muy positivos respecto al mantener a un dígito dicho índice.
Es por ese motivo que en este artículo se analizará, de acuerdo a la teoría económica, en qué consiste la política de rentas, particularmente el control de precios, y su eficacia en la lucha contra la inflación. Cabe destacar que muchos economistas tratan el tema desde el punto de vista específico del control de precios. En este artículo intentaré explicar que en realidad, la herramienta que el gobierno utiliza para intentar controlar la inflación es la llamada política de rentas (que incluye al control de precios)
La política de rentas constituye aún sin duda, un instrumento de suficiente importancia y significación de entre los que hoy puede disponerse en el campo concreto de la política económica coyuntural.
En torno a este instrumento gira una interminable polémica que trata de dilucidar sobre su conveniencia y operatividad, resultando realmente difícil ser concluyente en cualquiera de las direcciones apuntadas.
Hay tres puntos que forman el eje de la discusión:
a) La postura que se adopte respecto al mayor o menor grado de intervencionismo en la economía o, lo que es lo mismo, sobre la tan debatida cuestión de “reglas o automatismo” versus “discrecionalidad”.
b) La importancia de los resultados que puedan conseguirse con una política de rentas, es decir, su efectividad real.
c) El grado de insuficiencia de los restantes instrumentos de la política económica coyuntural (si nos atenemos a una concepción de la política de rentas como instrumento de estabilización) o de todos los instrumentos de la política económica, si interpretamos la política de rentas en su sentido más amplio; más concretamente, el grado o la medida en que la política monetaria y la política fiscal pueden ser suficientes para combatir los desequilibrios económicos.
En un intento de definir lo que se entiende por política de rentas, se puede decir que es el propósito o perspectivas de las autoridades respecto al tipo de evolución de las rentas que sería consistente con sus objetivos económicos y, en particular, con la estabilidad de los precios. El objetivo más claro de la política de rentas es el logro de la estabilidad de precios ,es decir, deprimir las expectativas inflacionarias y reducir la reacción de los ritmos de aumento de los salarios nominales y de los precios ante las tensiones alcistas de las variables que la determinan, siendo la responsabilidad de las autoridades en este ámbito fijar los objetivos cuantitativos a alcanzar, establecer las normas o limitaciones que se aplicarán en los aumentos salariales dentro del sector público y las que sería deseable que se siguiesen en el sector privado, y promover acuerdos que fijen las tasas máximas de aumentos de los precios, de los salarios, y de otras rentas y el control de su cumplimiento.
Tradicionalmente, en efecto, la política de rentas tiene por objetivo evitar que la fijación de los salarios sea una fuente de inflación y no comprometa en cascada los objetivos de la política económica, al tiempo que se ocupa también de la distribución de la renta entre beneficios y salarios, tratando de relacionar de forma coherente la distribución personal y la funcional de la renta. En algunas ocasiones aunque la política de rentas no se plantee como objetivo conseguir una mejora en la distribución de la renta o evitar un empeoramiento en la existente, no cabe duda de que esta difícilmente va a dejar de verse afectada por ella, en la medida en que las disposiciones sobre la evolución de los salarios, las demás rentas y los precios que supone su aplicación van a incidir sobre la tasa de inflación en el país y van a hacerlo también, en mayor o menor medida, sobre los distintos tipos de rentas percibidas por las diversas categorías de agentes económicos(salarios, dividendos,alquileres,intereses, etc.) que puedan ver, por consiguiente, alterada su participación relativa en el total de la renta nacional.
Existen distintos tipos de políticas de rentas: la política de rentas “voluntarias”(el Gobierno busca una cooperación entre sindicatos y empresarios para limitar los aumentos de los salarios y de los precios) ; la políticas de rentas “impuesta”(El gobierno hace uso de las leyes o normas administrativas con el fin de establecer reglas de obligado cumplimiento que se refieren a las variaciones de precios y salarios) y el “contrato social”(supone un acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno por el que los primeros aceptan moderar sus reivindicaciones salariales con arreglos a determinadas pautas y directrices, mientras que el Gobierno como contrapartida promete determinadas mejoras de política social e industrial, tales como pensiones más altas, un sistema fiscal más progresivo, sensibles avances en el equipamiento e infraestructuras sociales, etc.).
Respecto a la duración de las políticas de rentas, no hay reglas establecidas sobre este punto pero puede afirmarse en general que la duración está en relación inversa a la intensidad y el rigor del tipo de política de rentas establecido.
Antes de hablar de la eficacia de la política de rentas mencionaremos las ventajas y las desventajas del control de precios específicamente. Las posibles ventajas son: 1) Sirve como contrapartida lógica para convencer a los sindicatos de que acepten moderar sus peticiones de incremento salarial; 2) Evita o limita los aumentos de precios no justificados, como en el caso de los monopolios; 3) Dificulta las estrategias de las empresas que aumentan excesivamente salarios, proyectando ese incremento de sus costes laborales a los precios de sus productos; 4) Alivia las expectativas inflacionarias; 5) Es una herramienta que en el muy corto plazo suele dar resultados.
Las desventajas o problemas de los controles de precios son las siguientes: 1) Es una herramienta de la política de rentas que ataca solamente las consecuencias de la inflación y no las causas de la misma.
2) Es muy fácil y poco costoso entrar en dichos controles, pero de muy difícil y onerosa salida.
3) Son efectivos solamente en el corto plazo; no así ni el mediano y largo plazo. Deben ser temporales y mientras dichos controles son llevados a cabo, se deben tomar las políticas económicas tradicionales necesarias para la estabilización de los precios, como ser: el aliento a la inversión privada mediante el otorgamiento de subsidios o condiciones crediticias favorables; política monetaria restrictiva y no aumento del gasto público; y las transformaciones necesarias en las políticas comerciales y cambiarias.
4) Distorsionan los precios relativos de los bienes y servicios del mercado, generando asignaciones ineficientes y costos sociales innecesarios. El precio deja de actuar como señal de la escasez o la abundancia de los bienes y servicios.
5) Se hace difícil la vigilancia y el control de los precios por parte del Gobierno.
6) Desalienta la inversión en las empresas privadas y aumenta la posibilidad de la aparición de la llamada “inflación encubierta”, es decir, disminución de la calidad de los productos y servicios.
¿Es eficaz la política de rentas? Lo más difícil de la política de rentas es el pronunciamiento sobre su eficacia y operatividad. Para que una política de rentas sea eficaz, la doctrina económica más antigua establece que se deben cumplir las siguientes condiciones:
a) Debe existir un clima de expansión económica
b) El gobierno debe confiar plenamente en la política y creer en su eficacia.
c) El gobierno no debe permitir que los precios avancen más rápidamente que las rentas, cayendo de este modo los niveles de vida, lo que destruiría las actividades de cooperación.
d) La política de rentas ha de resultar equitativa para todos los sectores de la comunidad y no ha de apartarse demasiado radicalmente de las políticas de salarios normalmente existentes en el país.
Desde una perspectiva más actualizada podemos señalar que con el fin de asegurar un cierto éxito para la política de rentas, se deberían observar los siguientes principios:
1) Su aplicación debe incluir una amplia gama de rentas. El gobierno no cumple con este requisito puesto que vigila de cerca solamente aquellos rubros que inciden con mayor peso en el índice publicado por el INDEC.
2) Aunque suele estar basada en decisiones políticas, la política de rentas debe implicar una colaboración amplia entre las autoridades y las organizaciones que tienen que compartir la responsabilidad de su aplicación. En este punto considero que el gobierno está dando sus primeros pasos en una instrumentación más eficaz y operativa.
3) Los objetivos perseguidos con ella deben ser realistas.
4) Aunque el objetivo fundamental de la política de rentas es el control de los precios, también debe preocuparse de la distribución de la renta. En este ítem, creo que el gobierno sí se interesa por la distribución de los ingresos, ya que con su accionar hace que los bienes y servicios que conforman la canasta familiar de las clases más bajas sean relativamente menos costosos en comparación con los de las clases media y alta.
5) El resto de la política económica y la política de control de la demanda, especialmente, han de perseguir los mismos objetivos. Es aquí donde el gobierno comete un serio error, ya que sigue estimulando la demanda vía incrementos en el gasto público.
Para analizar a posteriori la eficacia de la política de rentas habría que comparar los resultados efectivamente obtenidos con lo que habría sucedido en ausencia de la misma, lo cual presenta no pocas dificultades. Analizando las expectativas inflacionarias que existían durante los últimos meses de la gestión de Lavagna a cargo de la cartera económica, cabe decir que actualmente, dicha tendencia se debilitó.
Para concluir cabe decir que en toda política antiinflacionaria es preciso considerar todos los restantes factores y variables que inciden en el proceso inflacionista. La inflación importada a través del aumento de los precios de las materias primas, la protección excesiva mediante el mecanismo de aranceles elevados o de precios umbrales y de garantía, las fuerzas de mercado de tipo monopolístico, el encarecimiento del factor capital debido a la insuficiencia y a las tensiones del mercado financiero, los aumentos de los precios provocados por las rigideces de las estructuras comerciales y cambiarias, el impacto inflacionista o la incapacidad estabilizadora de un sistema fiscal regresivo; las políticas monetarias expansionistas; los aumentos desmedidos del gasto público; los aumentos de costos empujados por los aumentos salariales por encima de la productividad; el tipo de cambio devaluado que no mejora a largo plazo la balanza de pagos ya que por el propio arbitraje internacional de precios, hace que el incremento provocado por la medida devaluatoria en los precios en moneda nacional de los productos importados sea compensado por un aumento de igual cuantía de los precios internos; todos y cada uno de ellos constituyen con frecuencia, elementos esenciales y determinantes del proceso inflacionista.
Por ello resulta extremadamente arriesgado pretender valorar los resultados de la política de rentas ignorando el peso específico de estos componentes de la inflación, y por ello, resultaría absurdo tratar de luchar contra ella en solitario y sin ayuda de los demás instrumentos de la política económica a nuestro alcance.
El empleo de la política de rentas, junto con la monetaria y la fiscal, coadyuva al repartir las responsabilidades a hacer menos difícil y complejo el problema de alcanzar simultáneamente los diferentes objetivos de la política económica coyuntural.
El presidente Kirchner anunció que en el 2007 se acababan los controles de precios, para dar paso al libre mercado. Es así entonces que habrá que esperar qué nos depara este año y cómo los agentes económicos (como lo dice el economista De Pablo en su libro: “La economía argentina en la segunda mitad del siglo XX”) toman sus decisiones económicas de acuerdo a su cabeza, su corazón, el estómago, y el resto de los componentes del ser humano.
Darío Ezequiel Díaz
Estudiante de 5º año de Licenciatura en Economía-Universidad Nacional de Misiones
Correo electrónico: dariodiaz10@gmail.com
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