La problemática en el sector tealero y la intervención estatal.
En los últimos meses el sector tealero comenzó a ser protagonista en la escena política y económica de la provincia debido a las protestas y cortes de rutas de productores que reclamaban, entre diversos puntos, un aumento en el precio de la hoja verde, motivo que originó reuniones del COPROTE con el fin de lograr un precio. Dicho precio fue establecido en $ 0.22 el 14 de setiembre y entró en vigencia el 1 de noviembre. En el momento de la discusión de precios, la industria tealera ofrecía 17 centavos por kilo y la producción pedía 30, sin embargo el Gobierno aconsejó un monto intermedio al establecer los 22 centavos finalmente ratificado.
Con esta columna de opinión intentaré analizar las características propias y particulares de este sector y las principales implicancias que generó y genera la intervención del gobierno en los mercados agrícolas y en el sector tealero en particular.
La actividad tealera representa aproximadamente el 28% de las exportaciones de Misiones, involucra cerca de 15000 productores, 100 establecimientos elaboradores y más de 75.000 personas.
Es un cultivo netamente orientado al mercado externo: más del 90 % de la producción se exporta a granel.
La superficie destinada al té supera las 30000 has, lo que representa aproximadamente el 19% del total de superficie cultivada, concentrándose la mayor parte en los departamentos de la zona centro de la provincia (Oberá, Cainguás y 25 de Mayo).
Su participación en el producto bruto del sector fue descendiendo hasta ubicarse, en 1998, por debajo de la yerba mate y el tabaco, con una participación del 8,3% en el VAB del sector agrícola (IPEC. 1999). Actualmente ronda el 9.8% del VAB.
Las fluctuaciones del mercado internacional son determinantes en el precio de este cultivo ya que la mayor parte de la producción es destinada a la exportación. A su vez, la calidad del té argentino es muy baja y consecuentemente son bajas las cotizaciones que alcanza en el mercado internacional, lo que repercute directamente en los precios pagados al productor.
Deficiencias y problemas estructurales en las plantaciones, agravadas por el estado de abandono de los últimos años como consecuencia de la caída de los precios, son las características más salientes de este cultivo desde el punto de vista tecnológico.
Las plantaciones de semilla (que son las predominantes en la Provincia) producen cosechas heterogéneas y bajos rendimientos, a lo que se le agrega un proceso de industrialización que también adolece de graves deficiencias.
La región tealera se ha caracterizado por haber sido acompañada en el desarrollo productivo, desde mediados de los años 50, por un sector industrial que llegó a contabilizar más de 150 secaderos.
El sector industrial está formado por los que adquieren la materia prima. En su gran mayoría, estas plantas son obsoletas y su proceso de elaboración no permite estándares de calidad exigidos para competir en los mercados internacionales.
La actividad industrial se ha desarrollado, desde una perspectiva familiar primeramente y posteriormente se ha consolidado a través de PyMES, permaneciendo quienes económicamente han podido sortear dificultades y han generado reinversiones, para ulteriormente consolidarse en la elaboración de volúmenes sustancialmente más significativos para ser comercializados, a modo de ejemplo debemos decir que para ingresar al mercado internacional en la venta de negro se requieren cantidades superiores al millón de kilogramos.
El crecimiento en la actividad se ha producido y consolidado a través de la única aplicación de la materia prima: la elaboración del té negro; lo cual sumado a la necesidad perentoria de comercializar su materia prima ha generado una dependencia prácticamente absoluta y directa del productor respecto a la industria. Esta dependencia con el paso del tiempo ha producido una destrucción sistemática no solamente de las expectativas de crecimiento del productor y de su familia, sino de sus propias posibilidades de supervivencia.
Volviendo a la descripción del económica del sector industrial, se puede decir que está altamente concentrado, configurando un mercado que relaciona una estructura industrial oligopsónica y un sector productivo altamente atomizado. Estas condiciones colocan en una situación claramente desventajosa a los agricultores, como se dijo anteriormente, y determinan un bajo poder de negociación para participar en la formación de precios, lo que incide directamente en su rentabilidad.
Así planteada, la situación impide las mejoras de las plantaciones, la introducción de labores culturales adecuadas, el uso de tecnología, etc., a lo que se suma la falta de fuentes de financiamiento accesibles, líneas de crédito para el sector y medidas de políticas económicas que no favorecen a esta actividad.
Los sectores industrial y exportador, también se desenvuelven en condiciones de inestabilidad al verse afectados por los vaivenes que sufre este producto en el mercado internacional, del cual dependen casi absolutamente.
Estos factores (corregibles con el desarrollo de una política adecuada para el sector) son los que determinan la mala calidad del té y consecuentemente los bajos precios internacionales. De las soluciones globales que se den a estos problemas, dependerá la mejora de rendimientos, calidad y precios con la consiguiente posibilidad de ampliar su mercado.
Aspectos teóricos de la intervención estatal en los mercados agrícolas. El caso del sector tealero.
Según la teoría económica actual los objetivos específicos de la intervención estatal son cuatro:
1) El deseo de mantener un cierto grado de autosuficiencia en los productos agrícolas, fundamentalmente de los alimentos, dado el riesgo de interrupción o restricción de los suministros externos, por ejemplo, en caso de guerra.
2) Ahorro de divisas al suministrar productos agrícolas para el consumo nacional, de fuentes nacionales y no mediante importaciones.
3) Estabilización de precios en niveles razonables para el consumidor y el productor, como medio de reducir las carencias y la incertidumbre, y de favorecer la inversión y el crecimiento del sector agrícola.
4) El deseo de mejorar la eficiencia y la productividad del sector agrícola como medios para elevar el nivel y la tasa de crecimiento de las rentas agrarias.
Las dos últimas razones se basan de alguna manera en la supuesta incidencia de los fallos del mercado, y constituyen las dos principales causas de intervención estatal en los mercados agrícolas de los países subdesarrollados.
Los gobiernos suelen justificar sus ayudas a la agricultura afirmando que este sector no sólo soporta más riesgos que otras empresas, sino que los mercados privados convencionales proporcionan mecanismos limitados para afrontar dichos riesgos.
No hay una política que sea superior o más efectiva que cualquier otra en todas las situaciones. La política correcta dependerá de cual sea el problema concreto, la naturaleza del objetivo a corto y largo plazo y otras restricciones económicas, sociales y políticas. Puesto que los objetivos son múltiples, el gobierno no suele aplicar un instrumento de política, sino una combinación de instrumentos para que los sectores agrícolas cumplan varios objetivos. Por lo general, la intervención pública considera de manera conjunta los intereses de los consumidores y los de los productos de bienes agrarios. (o por lo menos lo debería realizar teóricamente)
Las políticas de que disponen los gobiernos difieren en efectividad y en las implicaciones que tienen sobre la distribución de la renta y la asignación de recursos. Sobre esta última suelen ser implicaciones negativas, es decir, en dirección contraria a la que hubiera dictado un mercado libre. Esto suele justificarse como una conveniencia temporal dentro del espectro de objetivos en el que la “eficiencia” no está entre las primeras prioridades de la lista del gobierno. Los efectos sobre la distribución de la renta se deben a los costos directos e indirectos de la financiación de la política. Por regla general, las políticas que aumentan el precio del mercado del bien protegido afectan directamente(es decir son pagadas por) al consumidor de ese bien, mientras que las políticas que no elevan el precio de mercado del bien implican transferencias presupuestarias y son pagadas por los contribuyentes. Los dos grupos, consumidores y contribuyentes, no tienen por qué ser necesariamente idénticos. También pueden existir diferencias significativas en el costo de implantar y administrar las distintas políticas.
Se pueden distinguir dos grandes categorías de políticas: las políticas de estabilización de precios y las políticas de sostenimiento de rentas.
Políticas de estabilización de precios: éstas políticas intentan estabilizar los precios, normalmente a un nivel relativamente elevado, mediante la supresión de las fluctuaciones imprevistas de precios provocadas por una oferta inestable combinada con una demanda inelástica. Estas políticas suelen ser del tipo de controles de precios y cantidades. Su costo suele ser asumido por los consumidores.
Los controles de precios son políticas que se aplican directamente sobre los precios de mercado para cambiarlos o impedir que cambien debido a las fuerzas del mercado.
Incluyen:
1) Fijación de precios, que sólo se puede mantener si el gobierno suprime cualquier tendencia al desequilibrio del mercado mediante la compra de todo exceso de oferta para almacenarlo, y supliendo (con productos almacenados o con importaciones) todo el exceso de demanda. El almacenaje implica costos presupuestarios.
2) Aranceles y exacciones sobre las importaciones (caso en el que no incluiré en el análisis ya que no corresponde a la problemática de los mercados agrícolas en nuestra provincia)
Los controles de cantidad son políticas que cambian de manera directa la cantidad ofertada en el mercado como medio para cambiar los precios del mercado. Pueden tomar las siguientes variantes:
1) Almacenaje de excedentes para equilibrar la producción y el consumo, incurriendo en costos presupuestarios. Las cantidades almacenadas aumentan cuando la oferta supera a la demanda y se reducen cuando la oferta es inferior a la demanda, de manera que las fluctuaciones a corto plazo se minimizan. Esta política se aplica a los bienes con demanda inelástica y oferta variable, siempre que se puedan almacenar sin que se deterioren excesivamente y sin incurrir en costos prohibitivos.
2) Contingentes a las importaciones
3) Controles de oferta; como la destrucción de una parte de la producción disponible para reducir la cantidad ofertada en el mercado, suprimiendo así la presión a la baja sobre los precios.
4) Controles de producción, como las cuotas por hectárea cultivada, la concesión de licencias, la imposición de barbecho forzoso, para reducir la oferta del producto en la etapa de producción, aumentando así el precio del bien.
5) Subsidios a la exportación, que se pueden incluir aquí como una medida indirecta para controlar la cantidad residual de la producción que queda disponible para ofertar en el mercado nacional, de forma que aumenta su precio. Esta política afecta tanto al contribuyente, que asume la carga de financiar el subsidio, como al consumidor nacional, que paga un precio mayor.
Políticas de sostenimiento de rentas:
Estas políticas implican costos presupuestarios y pueden dividirse en directas e indirectas. Las políticas de sostenimiento de rentas indirectas aumentan el precio que los productores obtienen por su producción como medio para aumentar sus ingresos y su renta, sin influir sobre el precio del mercado nacional. Pueden adoptar las siguientes formas:
1) Subsidios a la producción, que son pagos fijos por unidad o por precio unitario de los imput o de los productos finales, que reducen el costo marginal de la producción y aumentan la renta de los productores.
2) Pagos diferenciales, efectuados por el estado, que compensan la diferencia entre el precio garantizado y el precio medio recibido por los productores de la venta de sus productos en un mercado no protegido.
Las políticas de sostenimiento de rentas directas son paquetes de transferencia, relacionadas con, o independientemente del volumen, precio, ingresos o rentas de las actividades agrícola. Por supuesto, esta política es la más efectiva para alcanzar un nivel objetivo de renta de la población agraria. Sin embargo, ésta es una política social que puede implicar altos costos administrativos, aunque no afecta a los precios nacionales de los bienes agrícolas.
Además de estas políticas de corto y mediano plazo, el gobierno puede aplicar políticas a largo plazo para cambiar la estructura y productividad del sector agrícola, por ejemplo con inversión en infraestructura física o mediante actividades de investigación y desarrollo. Si el gasto en estas actividades desvía recursos de las industrias competitivas, los efectos serán duraderos y perniciosos.
Por lo general, las políticas de tipo de cambio en apoyo a los mercados agrícolas también tienen efectos perniciosos a largo plazo sobre la economía nacional.
Resumiendo, los hechos y factores que hay que tomar en cuenta para la implementación de alguna política económica eficaz y prolongada en el tiempo son:
1) La no existencia de mecanismos e instrumentos de articulación entre los diferentes agentes económicos que intervienen en la economía tealera (gobierno, productores, elaboradores, y exportadores) para lograr una política consensuada a nivel de los integrantes de la cadena alimentaria e igualitaria y respetable de los intereses sectoriales, para la promoción institucional del producto y apertura de nuevos mercados.
2) La no existencia de un sistema de estandarización para el mercado interno que permita un pago diferencial por la calidad de la materia prima.
3) La falta de información confiable, oportuna y relevante sobre superficie plantada, abandonada, cosechada, rendimientos, estimación de zafra, de costos de materias primas y de elaboración, de precios locales e internacionales, de existencias y consumo. Es muy importante la tarea del gobierno en este factor puesto que para la implementación de cualquier medida es de vital sustento los datos objetivos de las principales variables económicas.
3) Los altos costos de logística por ser un producto de baja relación valor/volumen. La actividad de distribución es muy onerosa.
4) La falta de exploración de nuevos mercados potenciales internos por parte de los empresarios a pesar de tener una raigambre en la población de la región productora. Hace falta una política de marketing y mercadotecnia muy bien instrumentada y ordenada en la búsqueda de la conquista de estos mercados inexplorados.
5) Hay una baja movilidad económica-social en esta actividad, por lo que, además de no existir créditos blandos y flexibles, hace difícil la reconversión productiva.
6) Existe una baja predisposición entre los productores a la reconversión con variedades clonales de alto rendimiento y calidad.
7) El sector industrial está altamente concentrado, configurando un mercado que relaciona una estructura industrial oligopsónica y un sector productivo altamente atomizado. Estas condiciones colocan en una situación claramente desventajosa a los agricultores y determinan un bajo poder de negociación para participar en la formación de precios, lo que incide directamente en su rentabilidad.
8) Las plantaciones de semilla (que son las predominantes en la Provincia) producen cosechas heterogéneas y bajos rendimientos, a lo que se le agrega un proceso de industrialización que también adolece de graves deficiencias.
9) El crecimiento permanente de la demanda internacional por té de alta y regular calidad. Para el futuro cercano se prevé un incremento de la demanda aún mayor.
10) Los bajos precios y el grado de concentración de las principales empresas tealeras conforman las principales cuestiones a solucionar. Todas las intervenciones del estado en este mercado durante las décadas pasadas han fracasado en el cumplimiento del fin.
11) La baja cotización y prestigio internacional del producto.
Cabe decir que, si la economía funciona de manera eficiente y el gobierno interviene en el sector agrícola, el resultado estará distorsionado y tendrá efectos sobre la redistribución de la renta y la mala asignación de los factores, con implicaciones negativas sobre el bienestar nacional.
Pero, el problema es diferente si, para empezar, la economía no funciona de manera eficiente y el objetivo de la política pública es la eliminación de las distorsiones existentes que afectan al sector agrícola. Si éste es el caso, la cuestión no consiste en saber si la intervención pública es necesaria, sino cuál es la política concreta que promueva de mejor manera la optimalidad
Darío Ezequiel Díaz-estudiante de 5 año de la Licenciatura en Economía-UNaM
mail: dariodiaz10@gmail.com
blog: htpp://impactoeconómico.blogspot.com
En los últimos meses el sector tealero comenzó a ser protagonista en la escena política y económica de la provincia debido a las protestas y cortes de rutas de productores que reclamaban, entre diversos puntos, un aumento en el precio de la hoja verde, motivo que originó reuniones del COPROTE con el fin de lograr un precio. Dicho precio fue establecido en $ 0.22 el 14 de setiembre y entró en vigencia el 1 de noviembre. En el momento de la discusión de precios, la industria tealera ofrecía 17 centavos por kilo y la producción pedía 30, sin embargo el Gobierno aconsejó un monto intermedio al establecer los 22 centavos finalmente ratificado.
Con esta columna de opinión intentaré analizar las características propias y particulares de este sector y las principales implicancias que generó y genera la intervención del gobierno en los mercados agrícolas y en el sector tealero en particular.
La actividad tealera representa aproximadamente el 28% de las exportaciones de Misiones, involucra cerca de 15000 productores, 100 establecimientos elaboradores y más de 75.000 personas.
Es un cultivo netamente orientado al mercado externo: más del 90 % de la producción se exporta a granel.
La superficie destinada al té supera las 30000 has, lo que representa aproximadamente el 19% del total de superficie cultivada, concentrándose la mayor parte en los departamentos de la zona centro de la provincia (Oberá, Cainguás y 25 de Mayo).
Su participación en el producto bruto del sector fue descendiendo hasta ubicarse, en 1998, por debajo de la yerba mate y el tabaco, con una participación del 8,3% en el VAB del sector agrícola (IPEC. 1999). Actualmente ronda el 9.8% del VAB.
Las fluctuaciones del mercado internacional son determinantes en el precio de este cultivo ya que la mayor parte de la producción es destinada a la exportación. A su vez, la calidad del té argentino es muy baja y consecuentemente son bajas las cotizaciones que alcanza en el mercado internacional, lo que repercute directamente en los precios pagados al productor.
Deficiencias y problemas estructurales en las plantaciones, agravadas por el estado de abandono de los últimos años como consecuencia de la caída de los precios, son las características más salientes de este cultivo desde el punto de vista tecnológico.
Las plantaciones de semilla (que son las predominantes en la Provincia) producen cosechas heterogéneas y bajos rendimientos, a lo que se le agrega un proceso de industrialización que también adolece de graves deficiencias.
La región tealera se ha caracterizado por haber sido acompañada en el desarrollo productivo, desde mediados de los años 50, por un sector industrial que llegó a contabilizar más de 150 secaderos.
El sector industrial está formado por los que adquieren la materia prima. En su gran mayoría, estas plantas son obsoletas y su proceso de elaboración no permite estándares de calidad exigidos para competir en los mercados internacionales.
La actividad industrial se ha desarrollado, desde una perspectiva familiar primeramente y posteriormente se ha consolidado a través de PyMES, permaneciendo quienes económicamente han podido sortear dificultades y han generado reinversiones, para ulteriormente consolidarse en la elaboración de volúmenes sustancialmente más significativos para ser comercializados, a modo de ejemplo debemos decir que para ingresar al mercado internacional en la venta de negro se requieren cantidades superiores al millón de kilogramos.
El crecimiento en la actividad se ha producido y consolidado a través de la única aplicación de la materia prima: la elaboración del té negro; lo cual sumado a la necesidad perentoria de comercializar su materia prima ha generado una dependencia prácticamente absoluta y directa del productor respecto a la industria. Esta dependencia con el paso del tiempo ha producido una destrucción sistemática no solamente de las expectativas de crecimiento del productor y de su familia, sino de sus propias posibilidades de supervivencia.
Volviendo a la descripción del económica del sector industrial, se puede decir que está altamente concentrado, configurando un mercado que relaciona una estructura industrial oligopsónica y un sector productivo altamente atomizado. Estas condiciones colocan en una situación claramente desventajosa a los agricultores, como se dijo anteriormente, y determinan un bajo poder de negociación para participar en la formación de precios, lo que incide directamente en su rentabilidad.
Así planteada, la situación impide las mejoras de las plantaciones, la introducción de labores culturales adecuadas, el uso de tecnología, etc., a lo que se suma la falta de fuentes de financiamiento accesibles, líneas de crédito para el sector y medidas de políticas económicas que no favorecen a esta actividad.
Los sectores industrial y exportador, también se desenvuelven en condiciones de inestabilidad al verse afectados por los vaivenes que sufre este producto en el mercado internacional, del cual dependen casi absolutamente.
Estos factores (corregibles con el desarrollo de una política adecuada para el sector) son los que determinan la mala calidad del té y consecuentemente los bajos precios internacionales. De las soluciones globales que se den a estos problemas, dependerá la mejora de rendimientos, calidad y precios con la consiguiente posibilidad de ampliar su mercado.
Aspectos teóricos de la intervención estatal en los mercados agrícolas. El caso del sector tealero.
Según la teoría económica actual los objetivos específicos de la intervención estatal son cuatro:
1) El deseo de mantener un cierto grado de autosuficiencia en los productos agrícolas, fundamentalmente de los alimentos, dado el riesgo de interrupción o restricción de los suministros externos, por ejemplo, en caso de guerra.
2) Ahorro de divisas al suministrar productos agrícolas para el consumo nacional, de fuentes nacionales y no mediante importaciones.
3) Estabilización de precios en niveles razonables para el consumidor y el productor, como medio de reducir las carencias y la incertidumbre, y de favorecer la inversión y el crecimiento del sector agrícola.
4) El deseo de mejorar la eficiencia y la productividad del sector agrícola como medios para elevar el nivel y la tasa de crecimiento de las rentas agrarias.
Las dos últimas razones se basan de alguna manera en la supuesta incidencia de los fallos del mercado, y constituyen las dos principales causas de intervención estatal en los mercados agrícolas de los países subdesarrollados.
Los gobiernos suelen justificar sus ayudas a la agricultura afirmando que este sector no sólo soporta más riesgos que otras empresas, sino que los mercados privados convencionales proporcionan mecanismos limitados para afrontar dichos riesgos.
No hay una política que sea superior o más efectiva que cualquier otra en todas las situaciones. La política correcta dependerá de cual sea el problema concreto, la naturaleza del objetivo a corto y largo plazo y otras restricciones económicas, sociales y políticas. Puesto que los objetivos son múltiples, el gobierno no suele aplicar un instrumento de política, sino una combinación de instrumentos para que los sectores agrícolas cumplan varios objetivos. Por lo general, la intervención pública considera de manera conjunta los intereses de los consumidores y los de los productos de bienes agrarios. (o por lo menos lo debería realizar teóricamente)
Las políticas de que disponen los gobiernos difieren en efectividad y en las implicaciones que tienen sobre la distribución de la renta y la asignación de recursos. Sobre esta última suelen ser implicaciones negativas, es decir, en dirección contraria a la que hubiera dictado un mercado libre. Esto suele justificarse como una conveniencia temporal dentro del espectro de objetivos en el que la “eficiencia” no está entre las primeras prioridades de la lista del gobierno. Los efectos sobre la distribución de la renta se deben a los costos directos e indirectos de la financiación de la política. Por regla general, las políticas que aumentan el precio del mercado del bien protegido afectan directamente(es decir son pagadas por) al consumidor de ese bien, mientras que las políticas que no elevan el precio de mercado del bien implican transferencias presupuestarias y son pagadas por los contribuyentes. Los dos grupos, consumidores y contribuyentes, no tienen por qué ser necesariamente idénticos. También pueden existir diferencias significativas en el costo de implantar y administrar las distintas políticas.
Se pueden distinguir dos grandes categorías de políticas: las políticas de estabilización de precios y las políticas de sostenimiento de rentas.
Políticas de estabilización de precios: éstas políticas intentan estabilizar los precios, normalmente a un nivel relativamente elevado, mediante la supresión de las fluctuaciones imprevistas de precios provocadas por una oferta inestable combinada con una demanda inelástica. Estas políticas suelen ser del tipo de controles de precios y cantidades. Su costo suele ser asumido por los consumidores.
Los controles de precios son políticas que se aplican directamente sobre los precios de mercado para cambiarlos o impedir que cambien debido a las fuerzas del mercado.
Incluyen:
1) Fijación de precios, que sólo se puede mantener si el gobierno suprime cualquier tendencia al desequilibrio del mercado mediante la compra de todo exceso de oferta para almacenarlo, y supliendo (con productos almacenados o con importaciones) todo el exceso de demanda. El almacenaje implica costos presupuestarios.
2) Aranceles y exacciones sobre las importaciones (caso en el que no incluiré en el análisis ya que no corresponde a la problemática de los mercados agrícolas en nuestra provincia)
Los controles de cantidad son políticas que cambian de manera directa la cantidad ofertada en el mercado como medio para cambiar los precios del mercado. Pueden tomar las siguientes variantes:
1) Almacenaje de excedentes para equilibrar la producción y el consumo, incurriendo en costos presupuestarios. Las cantidades almacenadas aumentan cuando la oferta supera a la demanda y se reducen cuando la oferta es inferior a la demanda, de manera que las fluctuaciones a corto plazo se minimizan. Esta política se aplica a los bienes con demanda inelástica y oferta variable, siempre que se puedan almacenar sin que se deterioren excesivamente y sin incurrir en costos prohibitivos.
2) Contingentes a las importaciones
3) Controles de oferta; como la destrucción de una parte de la producción disponible para reducir la cantidad ofertada en el mercado, suprimiendo así la presión a la baja sobre los precios.
4) Controles de producción, como las cuotas por hectárea cultivada, la concesión de licencias, la imposición de barbecho forzoso, para reducir la oferta del producto en la etapa de producción, aumentando así el precio del bien.
5) Subsidios a la exportación, que se pueden incluir aquí como una medida indirecta para controlar la cantidad residual de la producción que queda disponible para ofertar en el mercado nacional, de forma que aumenta su precio. Esta política afecta tanto al contribuyente, que asume la carga de financiar el subsidio, como al consumidor nacional, que paga un precio mayor.
Políticas de sostenimiento de rentas:
Estas políticas implican costos presupuestarios y pueden dividirse en directas e indirectas. Las políticas de sostenimiento de rentas indirectas aumentan el precio que los productores obtienen por su producción como medio para aumentar sus ingresos y su renta, sin influir sobre el precio del mercado nacional. Pueden adoptar las siguientes formas:
1) Subsidios a la producción, que son pagos fijos por unidad o por precio unitario de los imput o de los productos finales, que reducen el costo marginal de la producción y aumentan la renta de los productores.
2) Pagos diferenciales, efectuados por el estado, que compensan la diferencia entre el precio garantizado y el precio medio recibido por los productores de la venta de sus productos en un mercado no protegido.
Las políticas de sostenimiento de rentas directas son paquetes de transferencia, relacionadas con, o independientemente del volumen, precio, ingresos o rentas de las actividades agrícola. Por supuesto, esta política es la más efectiva para alcanzar un nivel objetivo de renta de la población agraria. Sin embargo, ésta es una política social que puede implicar altos costos administrativos, aunque no afecta a los precios nacionales de los bienes agrícolas.
Además de estas políticas de corto y mediano plazo, el gobierno puede aplicar políticas a largo plazo para cambiar la estructura y productividad del sector agrícola, por ejemplo con inversión en infraestructura física o mediante actividades de investigación y desarrollo. Si el gasto en estas actividades desvía recursos de las industrias competitivas, los efectos serán duraderos y perniciosos.
Por lo general, las políticas de tipo de cambio en apoyo a los mercados agrícolas también tienen efectos perniciosos a largo plazo sobre la economía nacional.
Resumiendo, los hechos y factores que hay que tomar en cuenta para la implementación de alguna política económica eficaz y prolongada en el tiempo son:
1) La no existencia de mecanismos e instrumentos de articulación entre los diferentes agentes económicos que intervienen en la economía tealera (gobierno, productores, elaboradores, y exportadores) para lograr una política consensuada a nivel de los integrantes de la cadena alimentaria e igualitaria y respetable de los intereses sectoriales, para la promoción institucional del producto y apertura de nuevos mercados.
2) La no existencia de un sistema de estandarización para el mercado interno que permita un pago diferencial por la calidad de la materia prima.
3) La falta de información confiable, oportuna y relevante sobre superficie plantada, abandonada, cosechada, rendimientos, estimación de zafra, de costos de materias primas y de elaboración, de precios locales e internacionales, de existencias y consumo. Es muy importante la tarea del gobierno en este factor puesto que para la implementación de cualquier medida es de vital sustento los datos objetivos de las principales variables económicas.
3) Los altos costos de logística por ser un producto de baja relación valor/volumen. La actividad de distribución es muy onerosa.
4) La falta de exploración de nuevos mercados potenciales internos por parte de los empresarios a pesar de tener una raigambre en la población de la región productora. Hace falta una política de marketing y mercadotecnia muy bien instrumentada y ordenada en la búsqueda de la conquista de estos mercados inexplorados.
5) Hay una baja movilidad económica-social en esta actividad, por lo que, además de no existir créditos blandos y flexibles, hace difícil la reconversión productiva.
6) Existe una baja predisposición entre los productores a la reconversión con variedades clonales de alto rendimiento y calidad.
7) El sector industrial está altamente concentrado, configurando un mercado que relaciona una estructura industrial oligopsónica y un sector productivo altamente atomizado. Estas condiciones colocan en una situación claramente desventajosa a los agricultores y determinan un bajo poder de negociación para participar en la formación de precios, lo que incide directamente en su rentabilidad.
8) Las plantaciones de semilla (que son las predominantes en la Provincia) producen cosechas heterogéneas y bajos rendimientos, a lo que se le agrega un proceso de industrialización que también adolece de graves deficiencias.
9) El crecimiento permanente de la demanda internacional por té de alta y regular calidad. Para el futuro cercano se prevé un incremento de la demanda aún mayor.
10) Los bajos precios y el grado de concentración de las principales empresas tealeras conforman las principales cuestiones a solucionar. Todas las intervenciones del estado en este mercado durante las décadas pasadas han fracasado en el cumplimiento del fin.
11) La baja cotización y prestigio internacional del producto.
Cabe decir que, si la economía funciona de manera eficiente y el gobierno interviene en el sector agrícola, el resultado estará distorsionado y tendrá efectos sobre la redistribución de la renta y la mala asignación de los factores, con implicaciones negativas sobre el bienestar nacional.
Pero, el problema es diferente si, para empezar, la economía no funciona de manera eficiente y el objetivo de la política pública es la eliminación de las distorsiones existentes que afectan al sector agrícola. Si éste es el caso, la cuestión no consiste en saber si la intervención pública es necesaria, sino cuál es la política concreta que promueva de mejor manera la optimalidad
Darío Ezequiel Díaz-estudiante de 5 año de la Licenciatura en Economía-UNaM
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